Barcelona - Las espadas están en alto. La candidatura independentista de Artur Mas, ERC y las entidades sociales se propone activar las estructuras de Estado catalanas tras las elecciones del 27 de septiembre, aprobar una Constitución y decretar incluso la secesión unilateralmente en cualquier momento si España comienza a ponerles piedras en el camino recurriendo ante los tribunales los pasos que vayan dando. El diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, llegó a decir ayer que, si la lista unitaria gana los comicios, esa voluntad no la parará “ni Dios, ni por supuesto Rajoy”. El presidente cántabro Miguel Ángel Revilla puso la nota de color saltándose la discreción que suele presidir los encuentros con el rey español al revelar que Felipe VI también ve una situación de no retorno y que la postura de Mas “es irreconducible”. El Gobierno español se ha colocado igualmente en el peor escenario y no descarta suspender la autonomía catalana, una opción de ultimísimo recurso que, de hecho, no se ha aplicado jamás en democracia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, entró de lleno en el debate en una entrevista en la Cadena Ser. Preguntando por la posibilidad de aplicar ese artículo 155 de la Constitución española, dijo que “está plenamente en vigor y es posible su utilización” para “casos extraordinarios”.

“Ahí está”, dijo, aunque precisó que “haría falta una mayoría en el Senado”. “Hay un procedimiento y no es el Gobierno el que decide, ni muchísimo menos, sino que tienen que concurrir unas circunstancias”, añadió. Según el artículo, si una comunidad no cumple las leyes o atenta gravemente contra “el interés general de España”, el Gobierno estatal puede lanzar un primer aviso al territorio y, en caso de no ser atendido, obligar a la comunidad al “cumplimiento forzoso” si logra el aval del Senado.

No es la primera vez que un ministro amaga con suspender la autonomía catalana. Lo hizo el responsable de exteriores, José Manuel García Margallo, en septiembre del pasado año. Su reacción pareció tan desmedida que el propio gabinete popular trató de matizar sus declaraciones y nadie volvió a mencionar esa opción, que podría tener un coste político muy elevado para Madrid y que podría dañar irreversiblemente la convivencia. Tras varios meses evitando pronunciarse sobre esa vía, Catalá rompió ayer en tabú y dejó ver así que el proceso entra en una fase de no retorno y de choque de trenes absoluto donde prácticamente no importan ya las formas. El propio presidente español, Mariano Rajoy, adoptó un lenguaje muy beligerante para asegurar que “dará la batalla” a favor de la Constitución y de una “Cataluña española y dentro de la Unión Europea”. “En España, la ley se va a cumplir. Si alguien quiere violentarla, debe saber que no se lo vamos a permitir”, avisó. Desde Unió, Ramón Espadaler vio “previsible” que Madrid aplique el artículo 155, porque cabe esperar que el Estado tenga una “reacción” dentro de la legalidad ante una declaración unilateral de independencia, aunque su partido no desea ese escenario.