Madrid - El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, señaló ayer que el problema de Catalunya y el ánimo independentista de un amplio sector de la sociedad es “fundamentalmente político” y que, por lo tanto, la solución ha de ser “política”. “Es un problema fundamentalmente político y las soluciones han de tratarse en el marco político”, aseguró Lesmes en un desayuno informativo, donde aclaró que “a los jueces no les corresponde buscar la solución” a esta cuestión.

Sobre este asunto, destacó que los jueces “no actúan por razones de oportunidad sino de estricta legalidad”, que es la principal función que les otorga la Constitución española. Ahora bien, a su entender, si se producen infracciones del ordenamiento jurídico en el escenario catalán “la obligación de los jueces es responder”. “Ese es nuestro papel y no otro”, precisó Lesmes, que insistió en que “nos corresponde a los jueces buscar una solución”.

No es la primera vez que Lesmes se pronuncia al respecto, ya que en la apertura del año judicial, y en una alusión indirecta a Catalunya, el presidente del Tribunal Supremo expresó su convicción de que solo desde la “lealtad que impide el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir” la convivencia será posible la prosperidad, “en la unidad pero con respeto a la diversidad”. Anteriormente ya se había pronunciado sobre el plan de Mas, que calificó de “inconstitucional” en caso de acogerse a la independencia unilateral y, después, catalogó el 9-N como “algo parecido a una consulta”. En sus pronunciamientos, sin querer emplear términos despectivos o especialmente duros, Lesmes ha procurado expresarse acogiéndose simplemente a los dictados constitucionales, como cuando mostró su contrariedad con los 33 jueces catalanes que firmaron por el derecho a decidir, a quienes dijo que “es mejor no hacer manifiestos”, ya que “los miembros de la carrera judicial tienen el mandato legal de procurar ser imparciales y neutrales, por lo que no deben hacer alabanza o censura de otros poderes públicos”. Por todo ello, sitúa el problema catalán en el ámbito político. - I. S. M.