madrid - La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Gobierno siempre cumple la ley y no interfiere en la labor de otras instituciones, como la Justicia, al tiempo que negó haber filtrado los nombres de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal.
Santamaría señaló que todas las personas que tienen acceso a información sujeta al principio de confidencialidad deberían respetar este principio y cumplir los procedimientos, aunque es una tarea que no siempre se puede controlar. “Asistimos a filtraciones de este tipo con bastante asiduidad”, lamentó.
Aún así, garantizó que el Gobierno siempre cumple la ley y no interfiere en los procesos judiciales ni en los de otras instituciones, tanto que a pesar de las peticiones que se hacen, a veces “incongruentes”, la Agencia Tributaria sigue investigando, pero no da los datos de los contribuyentes.
Preguntada por si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba al corriente del registro que se iba a hacer en la casa y el despacho del exvicepresidente económico Rodrigo Rato, Santamaría se limitó a decir que el Ejecutivo ni autoriza ni desautoriza las acciones de la Agencia Tributaria, la Fiscalía o los tribunales. “Hasta ahí podíamos llegar”, dijo.
Según Santamaría, una cosa es que el Gobierno haya dado a conocer parte de esta información en el Congreso para cumplir con su deber de ser transparente, y otra cosa distinta es “saltarse las leyes” que obligan al Ejecutivo a cumplir con el principio de confidencialidad y respeto a los datos de los contribuyentes.
Aunque el Gobierno sí ha cambiado la ley para dar publicidad a alguna información --morosos y sentencias sobre delitos fiscales--, “indudablemente” debe cumplirla para respetar la confidencialidad de los ciudadanos, al tiempo que cumple la obligación legal de investigar “con absoluta neutralidad e independencia”.
AMNISTÍA EN LOS 90 La portavoz recordó que otros procesos puestos en marcha en España en el pasado, “porque éste no ha sido el primero”, permitían regularizar el dinero sin pagar nada y con independencia de cual fuera su origen. En concreto, se refirió a la amnistía aprobada en los años 90, que dejaban destinar el dinero oculto a la compra de deuda pública, de forma que no sólo no tributaba por el mismo, sino que además se recibían intereses por tener esa deuda. - E.P./Efe
