Madrid - Rodrigo Rato ha salvado de su fortuna, cifrada por Hacienda en 27 millones, de la amenaza de embargo. La Audiencia Nacional rebajó ayer a 34 millones la fianza solidaria de 800 millones impuesta al grupo BFA-Bankia, a su expresidente otros tres de sus exconsejeros por presuntas irregularidades en su fusión y salida a bolsa. La entidad ya había adelantado los 800 millones y requirió hace un mes a los cuatro exdirectivos, entre ellos Rato, para que le abonaran su parte. Como no hubo respuesta, Bankia pretendía demandar civilmente a los cuatro morosos para cobrar la deuda, ahora preve presentar el próximo lunes la demanda civil contra sus exdirectivos, aunque en este caso reducirá la cantidad reclamada de 133 millones de euros a 5,6, gracias a la decisión de la Audiencia Nacional. Precisamente, los investigadores de la Agencia Tributaria sospechan que una de las razones por las que el exministro, acusado de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, movió capitales o intentó ocultar patrimonio es el intento de blindar su patrimonio de un posible embargo.

La decisión de los cinco magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Penal supone una reducción del 96% de la cuantía establecida inicialmente por el instructor para Bankia y su matriz; Rodrigo Rato y su mano derecha José Manuel Fernández Norniella; el exconsejero delegado Francisco Verdú y el exvicepresidente José Luis Olivas. Ahora, la Audiencia Nacional tendrá que devolver a Bankia casi 766 millones.Y es que los magistrados han estimado parcialmente los recursos de los seis imputados y el de la Fiscalía Anticorrupción, aceptando los argumentos esgrimidos en algunos de ellos para que, de no acceder a anular la fianza, al menos la redujera a lo reclamado los accionistas personados en la causa.

frob No ha ocurrido lo mismo con el del fondo de rescate español, el FROB, que acompañó su recurso de las opiniones del Banco de España y de la CNMV avalando las cuentas y el proceso de Oferta Pública de Suscripción (OPS) previa al debut bursátil de la entidad, pero que la sala desestimó por falta de legitimación.

Sin embargo, a pesar de la drástica rebaja, y a la espera de conocer la resolución íntegra en la que motiven el fallo que adelantaron ayer, el hecho es que el tribunal mantiene que esta medida cautelar es necesaria, avalando así las conclusiones de los dos peritos cedidos por el Banco de España que cuestionaron las cuentas del grupo desde su constitución por no expresar su “imagen fiel”.

Todos los recurrentes, incluyendo Anticorrupción, cargaron contra los peritos judiciales criticando las “incertidumbres” y “debilidades” de sus tesis, que precisamente fueron las que sirvieron al juez Andreu a imponer el pasado 13 de febrero la fianza.

La nueva fianza, que alcanza exactamente los 34.054.578 euros, responde a la cuantía que los peritos independientes del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras fijaron como el perjuicio que la salida a Bolsa provocó en los accionistas minoritarios que están personados en la causa. Andreu cifró la caución de 800 millones de euros teniendo en cuenta que se trataba de una tercera parte de la suma invertida por todos los accionistas minoritarios, incluidos los que no están personados en la causa, que alcanzó los 1.800 millones, y a la que debía sumarse el tercio establecido por la ley.

Por ello, calculó una cuantía “proporcionada, adecuada y justificada a los fines” con carácter provisional para asegurar las “legítimas expectativas” del conjunto de accionistas minoristas, no solo los personados, aunque precisaba que la ley permitiría ampliarla o reducirla, según la evolución del proceso judicial. De hecho, desde que el magistrado acordara la medida, se ha producido una avalancha de peticiones de afectados para personarse en el procedimiento, registrándose incluso en un solo día hasta 400, según informarpm fuentes jurídicas, que consideran así que la nueva cifra fijada por la Audiencia deberá ir incrementándose sucesivamente.

La Sala ha dado un mes para que los seis imputados aporten de forma solidaria la nueva fianza, con el apercibimiento de que, si no prestan dicha suma, se decretará el embargo de los bienes hasta cubrir dicha cantidad. Andreu responsabilizó el pasado 13 de febrero a Bankia, al BFA --por su condición de accionista único-- y a los cuatro miembros que participaron en el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración el 15 de junio de 2011, que dio lugar a la inclusión de información “inveraz” en el folleto de salida a Bolsa. La entidad captó en el parqué cerca de 3.092 millones de euros. El juez investiga la posible comisión de un delito de falseamiento de cuentas en virtud del informe de los peritos cedidos por el Banco de España, del que se desprende que los datos no eran veraces. - Efe/E.P.