EL accidente de los espeleólogos españoles en el Atlas ha producido una gran conmoción por su desgraciado desenlace y por la evidente negligencia del Gobierno marroquí -denunciada ya por el equipo de deportistas en comparecencia pública-. Y, aunque el infortunio está presente en la vida, aquí se debe hablar de responsabilidades que apuntan también directamente al Gobierno español por su actitud permisiva ante el claro desastre organizativo y mal hacer de ese gobierno dictatorial del norte de África.
No podían hacer frente a un rescate de este tipo e impidieron el apoyo de un equipo español realmente preparado para ello. La operación, desarrollada tarde y mal, resultó de una enorme falta de profesionalidad y de medios: una camilla sin personal experto, una víctima abandonada toda la noche en el agua y gritando que se ahogaba? Imagino el dolor de las familias -y el cabreo de quienes creen todavía que están a salvo bajo pabellón español- cuando vieron a Mariano Rajoy alabando al régimen marroquí por un rescate que no se estaba produciendo. De nuevo ha quedado patente la más que sospechosa relación entre los sucesivos gobiernos españoles y las monarquías Borbón y Alauí.
Resulta interesante que comentaristas de muy distintos medios de comunicación españoles exijan estos días medidas políticas contra Marruecos e incidan en lo injustificable del miedo para con el marroquí. A ver si siguen.
¿Tiene bula ese régimen dictatorial? ¿No se puede parar a ese sátrapa, hermano del rey español como les gusta decir? ¿Cuándo se van a cumplir los mandatos internacionales y devolver al pueblo saharaui sus derechos? El argumento de contención del fundamentalismo islámico para seguir consintiéndole prebendas y pataletas de niño maleducado no tiene ninguna consistencia, como ha quedado demostrado en varias ocasiones. Priman más los negocios que otra cosa -pateras incluidas-.
Coincide todo esto en el tiempo con la decisión del juez Ruz de imputar a altos cargos marroquíes por el asesinato sistemático de ciudadanos y ciudadanas saharaui-españolas de la colonia sahariana. Lo que coloca en la actualidad política, una vez más, la ilegalidad de la invasión marroquí del Sáhara Occidental, así como la responsabilidad gubernamental española. No es que la Audiencia Nacional tenga mucha credibilidad aquí, por su utilización y judicialización del conflicto vasco, pero en ese caso podría dar cierto sentido a su existencia.
Son muchas las evidencias contra el régimen marroquí. La más grave la del Sáhara Occidental. Por eso, resulta necesario recordar y apoyar la legítima causa del pueblo saharaui. La vulneración diaria de los derechos humanos en aquel territorio ocupado -todavía legalmente español, según la legislación internacional y mientras no culmine el proceso de descolonización- tiene nombres y apellidos, que no son otros que los de quienes permiten el genocidio del pueblo saharaui y apoyan los desmanes del Gobierno marroquí y de Mohamed VI.
