Bilbao - El colectivo de huidos y deportados de ETA (EIPK) reclamó ayer que se paralicen los procesos judiciales y las órdenes de detención contra sus miembros, en aras a avanzar “en la resolución del conflicto” en Euskadi. A través de un comunicado denunciaban que el Estado español “haya respondido violentamente” a la “hoja de ruta” presentada por ese mismo colectivo en junio de 2013 en Biarritz para resolver “las consecuencias del conflicto”. Según explicaban en el comunicado, “desde entonces son decenas quienes rompiendo con años de exilio, han regresado a casa”, como paso para “conquistar la libertad” y sus “derechos”. Para este colectivo de huidos y deportados de ETA, “es el momento de cristalizar acuerdos amplios para conseguir un escenario de paz justa y duradera”. A su juicio, “deben suspenderse los procesos judiciales ilegales basados en declaraciones bajo la tortura” y que los “deportados a diferentes partes del mundo en la década de los 80” tengan “el derecho de vivir libres en Euskal Herria”.
Denuncia en París En este contexto, la familia de Jon Anza ha presentado una demanda contra Francia que será analizada a partir del próximo miércoles y que denuncia los fallos que rodearon la muerte del miembro de ETA, cuyo cuerpo fue hallado en una calle de Toulouse en abril de 2009, pero no se identificó hasta marzo de 2010. Tras tres años de instrucción, la juez de Toulouse encargada del caso lo archivó en 2013.
Ahora, tres de sus familiares reclaman 50.000 euros cada uno ante el Tribunal de Gran Instancia de París por los supuestos fallos de Francia ante lo sucedido, señaló ayer en una rueda de prensa en Baiona su abogada, Maritxu Paulus-Basurco. “Más allá de la condena financiera, es necesario que el Estado francés reconozca sus fallos”, indicó la letrada de la familia Anza. - Efe