MADRID - El Gobierno del PP, con la innecesaria pero significativa colaboración parlamentaria de UPN, volvió a echar mano ayer de su mayoría absoluta en el Congreso para imponer unas modificaciones legales que suponen, de facto, una verdadera contrarreforma del catálogo de las libertades cívicas que disfruta la ciudadanía española desde está vigente la Constitución de 1978. La Cámara Baja dio su aprobación definitiva a dos de los proyectos legislativos más controvertidos de las últimas décadas: la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, o ley mordaza, unas normas que deberían entrar en vigor dentro de seis meses, pero que gracias a una enmienda del propio Partido Popular en el Senado, adelantan su entrada en vigor a primeros de julio.

El visto bueno a la Ley de Seguridad Ciudadana sólo contó con los votos de PP y UPN, y fue rechazada por toda la oposición, que criticó unánimemente al “estado policial” que impone, rechazó el recorte de libertades y derechos que supone, y denunció el “despotismo” reflejado en la llamada ley mordaza.

El nuevo Código Penal incluye importantes cambios para la responsabilidad de las personas jurídicas, y ha sido muy cuestionado porque aprueba, por ejemplo, la prisión permanente revisable (en la práctica una cadena perpetua revisable) conde o endurece los delitos contra la autoridad, por ejemplo, a quienes falten al respeto a los agentes.

Pero también el Código Penal introduce novedades de alcance, para combatir la corrupción o tipifica, por primera vez, la financiación ilegal de partidos políticos.

La ley de Seguridad Ciudadana sale adelante, pero mucho más suavizada que el boceto inicial tras las críticas ciudadanas y las recomendaciones de todos los órganos consultivos. Interior asegura que “mejoran las condiciones de la seguridad ciudadana, con respeto a la libertad y a la seguridad jurídica”.

Se mantiene la entrada y registro en los términos que recogía la ley actual y la identificación y los cacheos corporales de las personas se limita a los supuestos en los que la policía lo considere razonable para prevenir un delito.

Las concentraciones frente a instituciones, solo serán faltas graves cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana y la cuantía de las sanciones se mantiene igual. Desde las muy graves de 600.000 euros hasta las leves con multas de 100 euros.

También se han introducido otros cambios respecto al texto inicial, como rebajar de grave a leve el botellón, para que sea multado con hasta 600 euros.

El texto ha salido adelante después de incorporar decenas de enmiendas de las más de 270 que se presentaron. Entre ellas, una muy polémica del propio PP, que modifica la Ley de Extranjería para legalizar las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes.

Desde las filas del PSOE, de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto ya han vaticinado que la ley tiene “los días contados” y que “se pone a la cola” de otras normas que serán derogadas en cuanto cambie la mayoría de fuerzas políticas en el Parlamento.

“No existe ninguna razón objetiva para aprobar esta ley reactiva”, dijo el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor, quien agradeció irónicamente al Ejecutivo y al PP el no ocultar ni disimular la ley. “Es lo que parece. Si hubieran querido llamarla ley mordaza no habrían tenido problema”, destacó Sánchez Amor, que criticó la “generalidad” y “ambigüedad” de algunos preceptos de la norma, pues con ellos se abre la puerta a la subjetividad y la discrecionalidad.

Según el parlamentario, el proyecto es un “batiburrillo” de normas sancionadores con múltiples “cláusulas”, pues figuran contra el top manta, contra las cundas, contra Greenpeace o contra las feministas, ha añadido. “Solo falta una cláusula Pequeño Nicolás”, bromeó.

Con todo, el tono más duro de la intervención del diputado fue para la enmienda aprobada que legaliza las denominadas devoluciones en caliente de inmigrantes, una posibilidad que “no cabe en el derecho internacional. Se está en España o se está fuera”, dijo.

“día negro para la democracia” La oposición parlamentaria también lamentó que “es un día negro” para la democracia y la sociedad por la aprobación de la reforma del Código Penal, que introduce la “cadena perpetua” mediante la prisión permanente revisable, que defendió el PP al subrayar que la “apoyan dos tercios de todos los españoles”

Todos los portavoces de los grupos de la oposición manifestaron que se opondrán a la reforma que tildaron de “electoralista, populista, innecesaria y punitiva”, si bien el PP rechazó las “caricatura de la reforma” que hace la oposición, ya que el texto “da respuesta penal a las demandas de los ciudadanos”.

Los ministros de Justicia, Rafael Catalá, e Interior, Jorge Fernández Díaz, que asistieron al debate de la reforma, que han presenciado desde la tribuna los representantes de las asociaciones de víctimas y familiares de las jóvenes asesinadas Sandra Palo, Marta del Castillo y Mari Luz Cortés, que, fuera del hemiciclo, han agradecido al Gobierno la introducción de esta reforma.

lucha antiterrorista Además, el pleno Congreso respaldó definitivamente la proposición de ley conjunta PP-PSOE sobre medidas de lucha contra el terrorismo yihadista, a la que no se sumó ningún grupo durante su tramitación en las cámaras más allá de los tres partidos minoritarios que firmaron la propuesta.

PP, PSOE, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN votaron a favor del texto, CiU y UPyD se abstuvieron mientras que la Izquierda Plural, PNV, Geroa Bai, ERC, BNG, Compromís y Amaiur votaron en contra del pacto antiyihadista, firmado el 2 de febrero por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

El texto, que redefine el delito de terrorismo y recoge las nuevas amenazas en este campo, ha sido refrendado por el Congreso tras ser enmendado por los dos grandes partidos en el Senado y entrará en vigor en julio.

Una vez más, el debate parlamentario evidenció las posiciones irrenunciables de los grupos y las fuertes críticas del resto de fuerzas de la cámara con el PP y el PSOE, por el “carácter bipartidista y propagandístico” de un texto aprobado “sin consenso y de forma acelerada”, pese a que populares y socialistas defendieron sus llamamientos “a la unidad y a un proyecto compartido”.

De la misma forma que varios de los portavoces, Emilio Olabarria (PNV) reprochó al PSOE que avale la prisión permanente revisable que “tanto critica por otra parte” al aceptar la fórmula que incluye el texto. “Antes estaban muy indignados por lo mismo que van a aprobar aquí”, dijo Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) al dirigirse al PSOE. “El mismo día que dicen no, luego dicen sí”, señaló el diputado de CiU Jordi Jané.

El texto prevé que a los terroristas que causen muertes se aplicará la “máxima pena privativa de libertad” prevista en el Código Penal. En líneas generales, el documento hace hincapié en combatir los nuevos instrumentos de captación y adiestramiento en el odio que caracteriza el “fanatismo totalitario” que difunden “líderes carismáticos” por internet, especialmente las redes sociales. - DNA/Efe/Europa Press