sevilla - Dos días después de las elecciones a la Junta de Andalucía, la ganadora de los comicios y que previsiblemente repetirá como presidenta de esa comunidad, la socialista Susana Díaz, se enfrenta a su primera crisis derivada de los numerosos casos de corrupción en sucesivos gobierno autonómicos del PSOE que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya. En esta ocasión no han sido los ERE fraudulentos, sino el caso del fraude en los cursos de formación impartidos con fondos públicos. La Guardia Civil, por orden de la magistrada, apuntó ayer al corazón de la Administración andaluza al detener a 16 responsables políticos de la Junta.

Durante la macrooperación, los agentes detuvieron en todas las provincias andaluzas a 14 ex altos cargos y a otros dos que ejercen su responsabilidad actualmente en el Gobierno de Susana Díaz, los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García. El resto de ex altos cargos arrestados son siete exdelegados de Empleo, cuatro ex directores generales de Formación y tres responsables de consorcios de formación de Almonte (Huelva) y Mijas (Málaga).

prevaricación y malversación Una de las detenidas es la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, que es cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, imputado por la juez Alaya por esta misma causa que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación. La Guardia Civil imputa a Florido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre los exdelegados de Empleo detenidos se incluye el que ocupó su responsabilidad en Sevilla, Antonio Rivas, que también está imputado por el caso ERE.

Tras conocerse la detención de los dos altos cargos de la actual administración, la Junta anunció la destitución de ambos. La presidenta, Susana Díaz, declaró que “desde el respeto a la presunción de inocencia, evidentemente, cuando un responsable público es detenido tiene que ser destituido del puesto que tuviera en ese momento de responsabilidad”. Díaz recalcó que los andaluces saben que tiene “una sola vara de medir” y que la ha venido aplicando en sus dieciocho meses al frente de la Junta, y la seguirá aplicando siempre. “Para mí, la tranquilidad y la confianza de los andaluces en sus instituciones es lo primero”, aseveró.

950 millones de fraude Con motivo de la campaña electoral, la juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla había aparcado las investigaciones de este sumario, en el que con anterioridad había ordenado la detención de los empresarios organizadores de los cursos de formación. En un auto dictado el 20 de enero, la juez detectó distintas “bolsas de fraude” en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe), una entidad privada ya extinta. Y es que la Guardia Civil eleva a “950 millones de euros” la cantidad sin justificar en acciones formativas. La magistrada apuntó a “entramados empresariales”, con acceso a un importante volumen de subvenciones destinadas a la formación y cuyos cabecillas estarían relacionados con “altos cargos” de la Junta de Andalucía.

Precisamente, en el mismo día en que Alaya activaba la operación la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió que la juez quede adscrita a la Sección Séptima, la dala que resuelve los recursos del caso ERE y cuyos magistrados ya expresaron su “profunda preocupación” por dicha decisión, ya que hasta el momento la magistrada se ha encargado de la instrucción de este sumario.

Entre las macrocausas que instruye Mercedes Alaya figuran, además del caso ERE y las irregularidades en los cursos de formación, la operación Madeja, el delito societario de Mercasevilla o el Betis, donde ha procesado al expresidente y ex máximo accionista, Manuel Ruiz de Lopera. - DNA