MADRID - El Gobierno español no promoverá la detención de los ex ministros franquistas reclamados por la justicia argentina por delitos cometidos durante la dictadura, y alega que las órdenes de detención internacional emitidas a través de Interpol no son vinculantes ya que prima el derecho interno de cada país y los acuerdos de extradición firmados entre los estados implicados. El Ejecutivo de Mariano Rajoy responde así en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press, y deja claro una vez más que la juez María Servini no podrá contar con la colaboración de Madrid. Las víctimas del franquismo, de hecho, optaron por interponer una querella en Argentina ante la imposibilidad de investigar los crímenes en el Estado español. Lo intentó el juez Baltasar Garzón y se topó con la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos. Tampoco se ha podido abrir una vía esgrimiendo que esos delitos podrían tener la consideración de crímenes de lesa humanidad, que no caducan y pueden ser juzgados independientemente de los años que hayan transcurrido. La jueza Servini ya había pedido antes las extradiciones de Jesús Muñecas y José Antonio González Pacheco, entre otros, y se topó con la misma barrera de la prescripción. Podría optar por intentar tomar declaración a los acusados en España, y uno de ellos, el exministro Rodolfo Martín Villa, señalado por el 3 de marzo de Gasteiz, se ha ofrecido a hablar.

El Gobierno español explica que “la pertenencia de un país a la organización Interpol, según sus estatutos, no vincula en modo alguno a la ejecución de la demanda de detención preventiva a efectos de extradición en el resto de países miembros”. Según defiende, la decisión de estos países “en cuanto a la ejecución de la detención se basará en su propio derecho interno, y muy especialmente, en los tratados internacionales de extradición firmados con el país reclamante”. “No existe vinculación, por tanto, con los documentos de detención emitidos a través o por la Secretaría General de Interpol”, zanja la respuesta. El pasado noviembre la juez Servini reclamó la detención de veinte personas por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos varios ministros de la dictadura como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa. Se les acusa de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

En su respuesta, Madrid añade que “existía, además, un precedente, ya que en la misma causa, instruida por la justicia argentina, las autoridades españolas habían denegado la extradición de otros cuatro ciudadanos españoles”. Se refiere en este punto al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño. En aquella ocasión, la secretaria general aceptó las razones esgrimidas por Interpol España.

QUEJAS Las fuentes policiales consultadas por Europa Press recordaron también que existe una resolución aprobada por Interpol en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. En aquella resolución los países se manifestaban “preocupados” por “el aumento del número de solicitudes presentadas por conducto de Interpol sobre casos de genocidio que plantean dudas” así como “por la proliferación de litigios entre países miembros acerca del tratamiento de tales solicitudes”. Acordaron seguir cooperando en solicitudes presentadas por los países miembros, salvo cuando un país miembro proteste contra una orden de detención de uno de sus ciudadanos en el plazo de treinta días. - DNA

José Utrera Molina. Es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, y fue ministro de Vivienda en 1973 y secretario general del Movimiento entre 1974 y 1975. Se trata de dilucidar su responsabilidad en la pena de muerte aplicada a Salvador Puig Antich, último ejecutado a garrote vil en el Estado.

Rodolfo Martín Villa. Fue ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, y se le piden responsabilidades por la muerte en Gasteiz de cinco trabajadores durante una acción policial en los conocidos como sucesos del 3 marzo de 1976.

Fernando Suárez. Fue vicepresidente español en 1975. Se trata de esclarecer su responsabilidad en los cinco últimos fusilamientos de la dictadura franquista, dictados contra los miembros de ETA Txiki y Otaegi y tres integrantes del FRAP.