MADRID. El comisario de Policía Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros fueron condenados por esta delación a 18 meses de cárcel y a cuatro años de inhabilitación en una sentencia dictada en octubre de 2013 por la Audiencia Nacional, confirmada un año después por el Tribunal Supremo y recurrida ante el Constitucional.
La Audiencia llevará ahora al banquillo de los acusados a Carmelo Luquin, yerno del dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa --ya fallecido--, a varios presuntos miembros de ETA que trasladaron cartas de extorsión y a algunos empresarios que fueron procesados por efectuar pagos a la organización terrorista y no cumplir con su deber de denunciar las amenazas de la que estaban siendo objeto.
En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público pide la pena más alta, de ocho años de cárcel, para Alfonso Martínez de Lizarduy, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Haracorene Camio y Emilio Castillo González de Mendivil, a los que atribuye un delito de integración en organización terrorista por trasladar desde Francia las cartas de extorsión de la banda y gestionar los pagos del llamado 'impuesto revolucionario'.
Además, reclama que el yerno de Elosua, José Carmelo Luquin, así como Ignacio Aristizabal yJesús Iruretagoyena de la Fuente sean condenados a seis años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista, al haber participado en la distribución de las cartas de extorsión y otros trámites para asegurar los pagos.
La Fiscalía sitúa en el centro de la trama al dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, ya fallecido, y considera que en su establecimiento "se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos de los extorsionados" y se realizaban entregas en metálico a "responsables o colaboradores de la organización terrorista ETA en Francia".
CINCO CONSEJEROS DE AZKOYEN
Entre esas entregas figura una de 54.000 euros fechado el 3 de mayo de 2006, día antes del chivatazo, que realizaron dos empresarios no identificados utilizando como intermediario al exdirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Gorka Aguirre, también fallecido, que llegó a estar imputado en el procedimiento, cuya investigación concluyó el juez Pablo Ruz en marzo de 2013.
El fiscal también atribuye un delito de administración fraudulenta, penado con seis meses de prisión, a cinco miembros del consejo de administración de la empresa de máquinas expendedoras Azkoyen: Jesús Marcos Calahorra Muñoz, José María Careaga Meavenzorena, Francisco Elizalde Golzaraz, Ricardo Armendáriz e Ignacio Moreno Purroy.
Todos ellos deberán reintegrar a la compañía 222.374,47 euros, el equivalente de los 37 millones de pesetas que los consejeros sacaron de la caja fuerte de la empresa tras recibir varias cartas amenazantes de ETA, la última en julio de 2001.
"Los extorsionados, miembros del consejo de administración, llevados por el miedo y la coacción, no denunciaron los hechos, hicieron el pago y, más tarde, lo hicieron figurar como gasto no deducible en la contabilidad", señala el fiscal, que apunta, no obstante, que "el cargo falseado es inferior a los 240.000 euros que exige el tipo penal".
AL CARGO DE OLARRA GURIDI
El fiscal también recuerda que el origen de la investigación del aparato de extorsión de ETA --conocido internamente con las siglas GEZI, 'punta de lanza' en euskera, y dependiente del entonces número uno de la organización Juan Antonio Olarra Guridi--, se sitúa en la detención en 2001 del responsable de logística de la banda Asier Oyarzabal Chapartiegui, a quien se intervino una carta de extorsión y dinero procedente de la extorsión.
En sus comunicaciones internas la banda reflejaba "las personas o entidades contra las que atentar, como objetivos de carácter económico", que sólo eran sacados de las listas bien cuando pagaban la cantidad exigida, de una sola vez o de manera fraccionada, o bien cuando aseguraban haber iniciado las negociaciones para abonar el pago.
