El PSOE no exigirá a los exdirigentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán la devolución de sus respectivos escaños en el Congreso y el Senado pese a haber sido citados a declarar el próximo abril como imputados por el Tribunal Supremo (TS) en una providencia notificada ayer mismo. La dirección socialista de Pedro Sánchez, secunda por la líder del PSOE andaluz y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, precisaron que solo se les exigirá dejar su escaño si es que el alto tribunal finalmente les imputa de la comisión de un delito en concreto.

Con esta providencia judicial, el PSOE evita la embarazosa foto de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía acudiendo a declarar al Supremo por la investigación de los ERE fraudulentos en esa comunidad, en plena campaña electoral de las autonómicas andaluzas, convocadas para el próximo 22 de marzo, y en las que Susana Díaz -delfín política de Griñán, además- se juega seguir al frente de la comunidad. Esta imputación, que el TS ha decidido posponer hasta abril a causa de las elecciones andaluzas, se produce en un momento crítico para el PSOE. Tiene multitud de frentes abiertos. Los últimos, el descabezamiento de su candidatura al ayuntamiento de Gasteiz y, sobre todo, la defenestración manu militari de su líder y aspirante a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez.

Finalmente el magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro cita para los próximos 9 y 14 de abril, respectivamente, a Griñán y Chaves para que comparezcan en calidad de imputados, al igual que otros tres exconsejeros: Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno.

Todos ellos deberán prestar declaración, dice el auto, en calidad de “imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones (...) con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa autonomía, así como las prestadas a personas físicas”. En la resolución no se citan delitos.

Ese es el clavo ardiendo al que se agarra el PSOE para no exigir a sus parlamentarios la devolución de sus actas, aunque también aquí los socialistas están instalados en la confusión. Y es que el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, se remitió en primera instancia al Código Ético del PSOE, que fija la exigencia de responsabilidades en el momento de apertura de juicio oral, pese a que Díaz y el propio secretario general del PSOE habían fijado la línea roja en las imputaciones. “Cualquier persona que resulte imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño”, afirmó en su momento la dirigente andaluza. “Les pediré que renuncien a su acta de senador y diputado”, había señalado por su parte Pedro Sánchez ante la posibilidad de que el TS les imputara. Ayer, cuarenta y cinco minutos después de apelar al Código Ético socialista, Hernado finalmente se retractó de su “error” y recalcó que, “en el momento en que se les imputase la declaración de algún delito, sí tendrían que entregar el acta de diputado, cumpliendo así con la palabra del secretario general del PSOE”.

La pasividad de los socialistas en este caso concitó el duro reproche de PP, IU y UPyD, que pidieron al PSOE que exija a Griñán y Chaves que dejen sus escaños. Especialmente duros fueron el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que calificó de “artimaña dialéctica” el argumento del PSOE de que la imputación no conlleva delito, y el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, que emplazó a Sánchez, a “coger el cubo y la fregona, y a pasar el mocho también por el PSOE andaluz”.

Mientras tanto, Chaves aseguró ayer que no renunciará a su acta de diputado porque su situación judicial “no ha cambiado en absoluto, es la misma que ayer, que antes de ayer y que hace una semana”.