PALMA - La pieza número 28 del caso Palma Arena se dedicará en exclusiva a investigar “la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares”, un título “aproximativo” que le dio ayer el juez José Castro al abrir unas diligencias separadas. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma respondió así a los testimonios, con confesiones y facturas, que le aportó el fiscal Pedro Horrach sobre supuestos hechos ilegales en relación con la compra y obras de reforma de la sede del PP en Palma, en 2003.
Los relatos de excargos del PP, de Rodrigo de Santos y del extesorero Luis Bárcenas, señalan que al menos un empresario de contratas públicas, Antonio Pinal, de la firma Bruesa, pagó una parte de la adquisición o reforma de la sede popular. Además, el fiscal ha aportado el relato de Juan Serra Cladera, dueño de la empresa que hizo obras en el PP y que trabajó para el palacete de Matas. El juez ve indicios de “posible” financiación ilegal por la supuesta ligazón de los pagos al PP con adjudicaciones públicas desde las instituciones gobernadas por el partido conservador. Solo en la compra y obras de la sede de Palma se invirtieron cerca de tres millones de euros, aunque el líder del PP actual, José Ramón Bauzá, afirmó que 1,6 millones eran de un préstamo y casi 900.000 euros de donaciones de afiliados y cargos. Según el Diario de Mallorca, el PP puso 500.000 euros en efectivo al formalizar la compra.
En una imagen calcada a cuando el PP de la CAV salió a negar que la sede de Bilbao se había adquirido con dinero en B, la portavoz adjunta del PP balear, Marga Prohens, rechazó que se produjeran pagos en efectivo para la compra y reforma de la sede del partido, mostrando los comprobantes de tres transferencias bancarias nominativas que suman cerca de 579.000 euros. La dirigente apuntó que la sede se compró en abril de 2003 y para ello se firmó una hipoteca por valor de 1.050.000 euros con la Entidad Bancaria de Crédito Balear, y en 2004 adquirieron otra planta del edificio por valor de 579.000 euros, cuantía que se abonó por transferencia bancaria nominativa.
Cárcel para la ‘cúpula camps’ Por otra parte, la Fiscalía acusa a la cúpula del PP de la Comunitat Valenciana gobernada por Francisco Camps entre 2007 y 2008 de varios delitos electorales y de falsedad documental durante los comicios autonómicos, locales y generales de esos años, y pide penas que suman siete años y nueve meses de cárcel para cuatro de sus responsables: Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), Vicente Rambla (exvicepresidente del Ejecutivo), David Serra (exvicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV). El fiscal dirige además su escrito provisional contra nueve empresarios y cinco integrantes del grupo Correa. Respecto al último, solicita 27 años de cárcel para Álvaro Pérez El Bigotes, y 24 años y medio para Pablo Crespo y Francisco Correa. - DNA