Todavía caliente la decisión el martes del pleno del Tribunal Supremo de no descontar a los presos de ETA los años de condena cumplidos en Francia, el Gobierno español mantuvo ayer su presión sobre los tribunales que han de gestionar e interpretar el auto en las próximas semanas señalándoles el veredicto final. En el marco de esta resolución sobre el recurso del preso Kepa Pikabea, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló que sería “razonable” que la Audiencia Nacional decretase el reingreso en prisión de Santiago Arrozpide, alias Santi Potros, y Alberto Plazaola. “Igual que me alegro de la decisión de la Sala Segunda del Supremo, me alegraría, desde el respeto a la separación de poderes, de que la Audiencia Nacional ordenase la vuelta a prisión de esas personas para cumplir las condenas que le fueron impuestas”, afirmó en una entrevista en RNE.

Sus declaraciones alimentan las presiones recibidas en los dos últimos meses por los magistrados cuando a finales de noviembre saltó a los medios el proceso judicial de varios presos de la banda armada y algunos disidentes de la vía Nanclares que reclamaban la acumulación de los años de condena purgados en cárceles de Francia a la pena cumplida en el Estado español. Las presiones fueron tan flagrantes que incluso trece de los dieciocho magistrados del Supremo nada dados a la rebelión hicieron pública una nota de denuncia de las injerencias.

Más allá del acuerdo, todavía no se conocen los argumentos y las interpretaciones del alto tribunal. Se espera que en los próximos días haga público el auto, cuya discusión provocó una fuerte división en el pleno ya que terminó con nueve votos a favor por seis en contra. Los dos miembros de ETA a los que la Sección Primera de la Audiencia Nacional excarceló tras computarles los años de prisión en Francia siguen en libertad a la espera de acontecimientos y con muchas dudas en el aire sobre qué tribunal ha de revisar su situación tras la decisión del Supremo.

Cobra fuerza la opción de que será este mismo tribunal el que estudiará de manera individual cada caso y que posteriormente lo trasladará a la Audiencia Nacional para que decida finalmente si los excarcela o mantiene en prisión. Este tribunal adelantó la salida del antiguo jefe militar de ETA Santi Potros de septiembre de 2025 al 27 de enero de 2013. En el caso de Plazaola, miembro del comando Araba condenado en 1997 a 46 años de cárcel como autor de dos delitos de asesinato frustrado y de uno de estragos, su licenciamiento fue adelantado de 2026 al 24 de agosto de 2013.

La otra posibilidad es la sugerida por el ministro del Interior y pasaría porque la Audiencia Nacional aplicará directamente el criterio adoptado el martes por el Supremo y decrete directamente su ingreso en prisión. Esto afectaría a alrededor de sesenta presos de ETA y a unos pocos disidentes de la banda encuadrados en la vía Nanclares que están en la misma situación que Pikabea, Plazaola y Arrozpide.

De ese modo, el Gobierno español espantaría uno de sus mayores fantasmas en este año electoral en el que Rajoy se juega su revalida. Para Rajoy sería ingobernable una nueva oleada de excarcelaciones de presos de ETA como la que vivió hace un año tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumbó la denominada doctrina Parot y que supuso la salida de prisión de cerca de setenta presos de la banda. Los colectivos de víctimas más críticos, así como voces internas del PP y formaciones como Vox aprovecharon la ocasión para arrumbar contra el Gobierno por poner en libertad a los presos afectados por el caso Parot.

Aprendida la lección, Rajoy no está dispuesto a darles esa baza a la AVT que el día 24 de este mes volverá a salir a la calle en Madrid en su cita habitual para reprochar al Ejecutivo español su tibieza con los presos y recordarles la cuenta pendiente de la ilegalización de Sortu. Los populares acumulan estos días méritos con una bateria de actuaciones que empezaron con la operación Mate contra los abogados de los presos de ETA y sigue ahora con la decisión del Tribunal Supremo que, contraviniendo el sentido y el espíritu de una Decisión Marco europea de 2008, ha decidido no restar los años de condena cumplidos en otro país de la UE y se ha contradicho a sí mismo al fallar en sentido contrario a lo que hizo en marzo de 2014 cuando los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del TS reconocieron a Joseba Urrosolo su derecho a sumar la pena cumplida en Francia a la de España.

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, afirmó que la decisión del Tribunal Supremo ha estado condicionada por las presiones del Gobierno español. En una entrevista en Radio Euskadi sobre si las presiones del Gobierno Rajoy a ese tribunal han tenido efecto en esa resolución, Fernández respondió afirmativamente y recordó que el acuerdo llega después de que algunos magistrados denunciaran presiones, especialmente por parte del ministro del Interior.

A su juicio, “la decisión no tiene sentido” desde el punto de vista del Derecho, desnaturaliza una directiva europea sobre el cómputo de penas y manifiesta la existencia de “problemas serios en un funcionamiento de un Estado democrático”.

En la misma línea se expresó la presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, quien denunció las “amenazas directas” sobre los jueces del Tribunal Supremo. “Creo que, detrás de todo, se podía ver o percibir alguna influencia exterior, que los mismos jueces han denunciado, una vez más, y que es, más que petición, la amenaza recibida por parte del Gobierno, sobre todo por parte del ministro de Interior”, denunció.