GASTEIZ - Frente a los “obstáculos y dificultades” del Gobierno español a la reinserción de los presos, ejemplificados en la sentencia del Tribunal Supremo contraria a la acumulación de condenas cumplidas en países de la Unión Europea, el Ejecutivo vasco defendió ayer esta vía, así como la normativa comunitaria que tiene como fin favorecer la integración social de los reclusos. El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, vaticinó por ello que el fallo del alto tribunal “muy probablemente será recurrido ante las instancias judiciales europeas”. Añadió que, al igual que sucedió a finales de 2013 con la doctrina Parot, la decisión judicial adoptada ayer “será probablemente rectificada”.
En un comunicado, el Gobierno vasco se mostró muy crítico con la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso de Kepa Pikabea para que se le acumularan los años cumplidos en cárceles francesas -lo que le había sido negado por la Audiencia Nacional-, en cumplimiento de una normativa marco europea. Erkoreka explicó en primer lugar que dichas “decisiones marco de la Unión Europea tienen por objeto la reinserción social de las personas presas”. A continuación, reafirmó la apuesta de Lakua por la reinserción, y denunció “la actitud resistente del Gobierno español, cuyas reformas legislativas persiguen precisamente lo contrario: poner obstáculos y dificultades a dicho proceso de reinserción de las personas privadas de libertad”.
“El Gobierno Vasco reitera su apuesta por la trasposición de la letra y el espíritu de la normativa europea”, insistió el también consejero de Administración Pública y Justicia. El nuevo tiempo sin violencia de ETA ocupó a su vez parte del discurso de Erkoreka, al igual que lo hizo la víspera tras la operación de la Guardia Civil contra abogados de presos de la banda, que se saldó con un total de 16 detenidos. Así, afirmó de forma contundente que “la oportunidad de la paz y la convivencia exigen altura de miras y una actitud constructiva; justo lo contrario de la política que está siguiendo el Gobierno español”.
En una línea totalmente contraria, defendió que “el Gobierno vasco apuesta por la adopción de medidas legales en política penitenciaria que contribuyan a la normalización social y política de la convivencia”. En este sentido, citó la iniciativa Zuzen Bidean, que se enmarca en el Plan de Paz y Convivencia impulsado por la secretaría que dirige Jonan Fernández. Esta propuesta incluye 20 medidas para “superar el recurso a lo excepcional y retornar a la normalidad penal y penitenciaria”, tal y como afirmó Fernández en su presentación el pasado noviembre. Entre las mismas destacan el acercamiento de los presos de ETA a prisiones del País Vasco, la puesta en libertad condicional de los reclusos mayores de 70 años y la transferencia de la competencia de prisiones al Ejecutivo vasco. - C.C.B.
