MADRID. La propuesta de los dos grupos parlamentarios ha sido apoyada tanto por el PSOE, que ha admitido que aquel cambio constitucional fue un error, como por UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, CC-NC, Compromís-Equo, Foro Asturias y Geroa Bai. Los nacionalistas de CiU, por su parte, han optado por la abstención.
En concreto, el texto da una nueva redacción del artículo 135 para autorizar al Gobierno "por ley para emitir deuda pública o contraer crédito" y dejar claro que "los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión".
En paralelo, la reforma que propugnan IU-ICV y el Mixto da "prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto" al pago "de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales" y obliga a derogar todas las leyes derivadas de ese artículo, y en particular la Ley Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que aprobó después el Gobierno de Mariano Rajoy.
La iniciativa ha sido defendida por el portavoz económico de Izquierda Plural, Alberto Garzón, candidato a ser el cartel electoral de IU en las próximas generales, quien considera que España ha vivido en los últimos años un proceso "destituyente" del Estado social que culminó con ese artículo 135 que "da la vuelta" a la Constitución porque prioriza el pago de la deuda frente a las políticas sociales.
Garzón cree que el Gobierno del PSOE se puso entonces "de rodillas" ante los mercados y se alegra de que ahora la nueva dirección socialista acepte corregirlo, aunque haya sido después de tres años defendiendo el pacto de 2011.
