La losa de la corrupción

El pistoletazo de salida lo supuso el descubrimiento de la existencia de las tarjetas black, opacas al fisco, con las que 86 directivos de Caja Madrid y Bankia derrocharon más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012. Un dispendio que afecta a PP, PSOE, IU, UGT, CCOO, e incluso la Corona, con el exasesor real Rafael Spottorno. La puntilla a este mes horribilis fue la operación Púnica, con 53 implicados y 37 detenidos, entre ellos el ex número dos del PP madrileño de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que está en la cárcel acusado de ser el cerebro de una “organización criminal” a la que se atribuyen blanqueo de capitales, cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

En medio de ambos escándalos, el hijo pequeño del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Oleguer, fue detenido durante unas horas y sus empresas y viviendas registradas; el ex secretario general del PP Ángel Acebes fue imputado en la causa de los papeles de Bárcenas por la supuesta compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro del partido; y, como nota pintoresca, el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias fue arrestado y puesto después en libertad por estafa tras hacerse pasar por agente del CNI y enviado de la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría. Mientras, la última encuesta del CIS sigue poniendo en apuros a PP y PSOE en cuanto a sus expectativas electorales, y sitúa a Podemos como la primera fuerza política en intención directa de voto.

Los escándalos no concluyeron con el cambio de mes, y a principios de noviembre se descubrió que el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, realizó 32 viajes de carácter personal a Canarias entre 2009 y 2010 con cargo al Senado. El día 11, la Guardia Civil detuvo a 32 personas, la mayor parte en Andalucía, en la operación Enredadera por crear una red que facilitaba la adjudicación de servicios de jardinería a cambio de comisiones.

La mayoría, en la calle El mes pasado, en el que no hubo ni un solo día sin una noticia ligada a la corrupción, supone tan solo la punta de un iceberg de dimensiones colosales que, en lo que lleva de transcurrida la legislatura, cuenta con más de 1.900 imputados y 170 condenados en más de 135 causas. En un hipotético mapa de la corrupción, Andalucía se lleva la palma con 383 imputados y 56 condenados, seguida de Baleares con 313 personas imputadas y 29 condenados. El caso con mayor número de imputados es el de los ERE falsos con 229 (a lo que hay que sumar la investigación del Tribunal Supremo a los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y la mayoría de condenados se concentra, con diferencia, en el caso Malaya del Ayuntamiento de Marbella con 51. Le siguen los casos Pallerols y Scala con 16 condenados cada uno.

Pese a estas abultadas cifras, la mayoría de los condenados por corrupción no están en prisión, ya sea porque se les impuso una pena de cárcel que no les obligaba a ingresar, porque únicamente fueron inhabilitados o multados, o porque aún tienen recursos pendientes de resolución. Entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos a todos los niveles en partidos o en la Administración Pública, así como empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos, principalmente por delitos de corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular de personal o empresas.

Algunas de las operaciones más mediáticas de los últimos meses aún no se han sustanciado en imputaciones. Es el caso de Jordi Pujol, que el pasado verano reconoció haber mantenido dinero oculto en el extranjero durante décadas y, aunque hay querellas contra él, por ahora solo ha declarado ante la Agencia Tributaria. Sí están imputados tres de sus hijos: Jordi (presunto blanqueo y delito fiscal), Oriol (caso de las ITV) y Oleguer (blanqueo y delito fiscal). En el registro de las propiedades del hijo menor del clan Pujol la Policía se incautó de documentación sobre multimillonarias operaciones inmobiliarias. Por su parte, solo hay tres imputados por las tarjetas B: Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez-Barcoj. En el caso Nóos destacan las imputaciones de Iñaki Urdangarin y su esposa la infanta Cristina, las de esta última confirmadas el pasado día 7 por la Audiencia de Palma.

Al igual que el extesorero del PP Luis Bárcenas, algunos de los implicados en la operación Púnica, desarrollada desde el 27 de octubre, están en prisión preventiva a la espera de ser juzgados. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a la cárcel al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, al empresario de la construcción David Marjaliza y al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. El número de encarcelados en el centenar largo de causas existentes en España es, sin embargo, testimonial, debido a que la gran mayoría siguen abiertas por la complejidad que entraña su investigación; y porque a algunas de las personas ya juzgadas se les han impuesto únicamente penas de inhabilitación o de menos de dos años de cárcel, por lo que no han entrado en prisión.

También se da el caso de los condenados que recurren el fallo o piden el indulto, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, sentenciado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal pero que está demorando su ingreso en prisión. En el lado contrario, entre los más de 30 cargos o excargos públicos entre rejas destacan el exministro y expresidente balear Jaume Matas, condenado por el caso Palma Arena e imputado en otras causas como Nóos, y al que el Gobierno español le ha concedido un polémico tercer grado; Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlamento balear y de Unió Mallorquina (UM), condenada por los casos Maquillaje y Can Domenge e imputada en otros; el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que cumple condena por fraude fiscal y está pendiente de ser juzgado por otras causas; el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, sentenciado por las irregularidades en la gestión de ese ayuntamiento; y el expresidente del Sevilla F. C. José María del Nido, condenado por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minutas.

Todos los citados acumulan sentencias en causas diferentes, una situación similar a la del exsenador Miguel Zerolo, condenado en un caso e imputado en otros dos durante su etapa como alcalde de Tenerife. Otros cargos aún no se han sentado en el banquillo pero están siendo investigados en distintas causas, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), imputada en dos casos derivados de Brugal. En el caso Gürtel (con 140 imputados, a los que se suman los alrededor de 30 de su derivada, los papeles de Bárcenas), que cumplirá seis años el próximo febrero, solo han sido condenados dos altos cargos del expresidente valenciano Francisco Camps: el exvicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que confesaron haber recibido sobornos.

Fue el llamado caso de los trajes, en el que Camps y el que fuera secretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron absueltos del delito de cohecho impropio. En la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz tiene cerrada la instrucción de una primera parte para juzgar a los primeros 45 imputados. En Valencia ha culminado la instrucción de dos de las seis piezas de Gürtel, con un total de 40 imputados. En las últimas semanas también se ha cerrado la instrucción del caso Campeón, en el que una jueza de Lugo quiso imputar al exministro José Blanco pero el Tribunal Supremo decretó su archivo; y ha comenzado el juicio del caso Unión, en Lanzarote.

Balones fuera Sí hay sentencias condenatorias en los casos Pallerols, Hacienda, Palau y Caixa Penedès en Catalunya, el caso Cooperación en la Comunidad Valenciana y los que han surgido en los ayuntamientos de Marbella, Plasencia y Cudillero. También se han impuesto penas en siete procesos que afectan a Baleares, una de las comunidades donde se tramitan asuntos de corrupción de mayor peso, junto a Catalunya, Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia.

Estos casos afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a partidos como CiU, UM o Coalición Canaria. Algunos de los políticos implicados han evitado dimitir alegando que aún no había finalizado la instrucción de la causa, pero a raíz de los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo, que revelaron el auge de Podemos y el desplome del bipartidismo, las formaciones se han visto obligadas a exigir dimisiones con mayor rapidez.

La nota discordante la protagonizó el pasado día 3 la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ante los numerosos casos de corrupción que afectan a su partido (el último de ellos, la operación Púnica) echó balones fuera y afirmó que “el PP ha hecho todo lo que podía hacer, nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel”. En esta línea se enmarca la negativa a que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso para dar explicaciones pese a la exigencia de la oposición, y que se hayan descartado cambios en la dirección popular, un relevo que ha sido reclamado desde las propias filas del partido.