zaragoza - La masiva movilización del 9-N en Catalunya, sumada a la proximidad de las citas electorales del año que viene, han acelerado que el PSOE haya desempolvado su propuesta de reforma constitucional que llevaba más dos años en el archivador de proyectos de Ferraz. Después de que el anterior líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, no diera el paso de presentar la iniciativa en el Congreso, es ahora su sucesor, Pedro Sánchez, el que parece que dará el paso, según anunció ayer.

La iniciativa no deja de ser un gesto a la galería del Partido Socialista, obligado por las urgencias que imprimen las citas electorales y la alargada sombra de Podemos, y que no satisface ni de lejos los planteamientos de los partidos catalanes defensores del derecho a decidir. Y lo que es más clarificador: la semana pasada el propio Mariano Rajoy dijo, tras la consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes, que nunca se había negado a una reforma de la Constitución, criticando a los socialistas por su falta de concreción, pero precisó que se opondrá a cualquier modificación que “liquide la soberanía nacional”. Y sin la concurrencia del PP, que tiene mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, no habrá reforma constitucional.

El PSOE no va tan lejos ni cuestiona la “soberanía nacional”. Su propuesta de reforma constitucional se limita a lo ya sabido de posibilitar una España federal en la que Catalunya se sienta cómoda. La reunión ayer del Consejo de Política Federal del PSOE, en el que participaron los barones regionales del partido, no aclaró la nebulosa en la que se mueven los socialistas en torno a una propuesta en la que nunca han entrado en detalle. Los líderes socialistas reunidos en Zaragoza se limitaron a aprobar un documento sobre “un nuevo pacto constitucional” en el que, además de abordar el asunto territorial, también se proponen medidas de carácter económico y de regeneración democrática. Según puso de manifiesto Pedro Sánchez, los barones socialistas volvieron a dar su apoyo a la llamada Declaración de Granada, que sellaron en julio de 2013, siendo todavía Rubalcaba secretario general -en la que apostaban por la reforma de la Constitución para avanzar en el federalismo-, y abogaron por dar el primer paso para ponerla en práctica.

Así pues, se comprometieron a abrir de inmediato un debate en el Congreso de los Diputados sobre la reforma pero no de forma directa, sino mediante la creación de una subcomisión en la Comisión Constitucional -una iniciativa que planteó Rubalcaba pero que no se llegó a registrar- para iniciar un debate previo a la creación de una ponencia constitucional. Ya lo advirtió la líder andaluza y coordinadora de este consejo federal, Susana Díaz: esta reforma constitucional debe realizarse “sin prisas”.

El objetivo del PSOE es, según Sánchez, “abrir un proceso de participación” en el que se escuche a expertos, instituciones y comunidades autónomas para “delimitar el radio de la reforma” y hablar sobre las “soluciones que puedan ser objeto de consenso”. Detrás de esta búsqueda de un consenso previo está el deseo de que el PP se avenga a debatir con los socialistas el alcance y los límites de la reforma y, si no es así, poner en evidencia a los de Rajoy.

poner al pp en el disparadero El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, presente en el encuentro de ayer, reconoció que la propuesta socialista “está en manos del PP”. De rechazar la puesta en marcha de la Comisión Constitucional, avanzó Iceta, el PP se situaría “en el disparadero” y la salida al bloqueo pasaría por “la derrota en las urnas” de los populares.

En opinión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente Mariano Rajoy “no ofrece señales de vida inteligente políticamente”, ya que “ha reaccionado tarde y mal” al 9-N y “no es capaz de ofrecer un proyecto que supere la situación de bloqueo que atraviesa la política”. El líder socialista sostuvo que la estrategia que ha seguido Rajoy en los últimos meses “ha sido equivocada”, considerando que se ha basado en “eludir sus responsabilidades políticas llamando a la acción de los tribunales”, lo que es “un enorme error político”, como lo es también “que intente excusar su responsabilidad y su falta de alternativa señalando al principal partido de la oposición”.

La respuesta del PP al emplazamiento de Pedro Sánchez no se hizo esperar, y no en sentido positivo precisamente. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, criticó al líder socialista por querer cambiar la Constitución y “dinamitar las reglas del juego”, pero sin aclarar “cómo lo quiere hacer”. “Nos dicen que quieren poner el país patas arriba y no nos dicen cómo”. Añadió que cualquier intento de cambiar la Constitución “que vaya en contra de la soberanía absoluta, de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles va a tener enfrente al PP”.