Madrid - El secretario de Organización del PSOE, César Luena, afirmó ayer que pedirá a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán dejar sus respectivos escaños en el Congreso y el Senado si son imputados de delito y se les abre juicio oral por su relación con el caso de los ERE.

Luena aseguró que su partido no se plantea tomar medidas disciplinarias por el hecho de que Chaves y Griñán comparezcan de forma voluntaria ante el Supremo y que solo las adoptaría si se les imputa de actos delictivos. “Si son, que yo no lo creo, imputados por un delito y se abre juicio, en ese caso se les pedirá que abandonen el escaño”, explicó Luena ante la investigación que el Supremo va a llevar a cabo de parte del caso, lo que también afecta a los diputados socialistas aforados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y a la senadora Mar Moreno.

Luena admitió que se podría cometer una injusticia si, tras ser imputados, se les levanta este cargo y son absueltos, pero cree que en el actual contexto de corrupción en España, “quizá sea mejor pecar por exceso que por defecto”. “Es mejor para el debate público y el proceso judicial que abandonen las responsabilidades públicas”, ha remarcado el número dos del PSOE, quien ha opinado que ésta es también la postura de la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Suspensión de militancia A juicio del secretario de Organización socialista, su partido está dispuesto a actuar como quiere la mayoría de la sociedad española, con “muchísima contundencia, rapidez y limpieza”. La apertura de juicio oral acarrearía además que a los implicados se les suspendería de militancia de forma cautelar.

Lo previsible es que a lo largo de la semana que viene los investigados presenten sus solicitudes de personación, que es el trámite necesario para que se les tenga por parte y representados en el proceso por un letrado. En el momento en el que se vayan aceptando sus personaciones se les dará traslado del auto del jueves. Es probable que, en el mismo trámite de la personación, la defensas soliciten por escrito la solicitud para comparecer voluntariamente ante el Supremo y prestar declaración sin esperar al suplicatorio ante el Parlamento.

El juez instructor será el encargado de admitir o no estas peticiones de declaración voluntaria. El trámite legal prevé que el Supremo se dirija a las Cortes para hacer entrega del auto de apertura de un procedimiento contra aforados en el caso de que este se produzca, al ser éste su domicilio profesional.

El vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, sostiene que, de producirse la imputación de los expresidentes andaluces Griñán y Chaves, no significaría que el juez ha apreciado indicios o pruebas de culpabilidad, sino que debería interpretarse como “una garantía” para las personas citadas. En su opinión, la imputación es un concepto que “se magnifica” y se asocia a que el juez ha encontrado algo sólido contra la persona que declara, cuando no tiene por qué ser así. - Efe/DNA