MADRID - La asociación Jueces para la Democracia (JpD) presentó ayer una pionera demanda por conflicto colectivo en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la sobrecarga de trabajo y la falta de un plan de prevención de riesgos laborales en los juzgados. El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, advirtió a las puertas de la Audiencia Nacional de que el colapso y la falta de medios de los juzgados afecta a causas complejas como los sumarios sobre corrupción. “Las tramas corruptas disponen de más medios para eludir la acción de la justicia y esto no es aceptable”, aseveró, señalando que ello provoca en los imputados “una sensación de impunidad, de que la justicia no tiene instrumentos para perseguirles”.
Defendió el “firme compromiso” de los jueces en la lucha contra la corrupción y se quejó de la escasa inversión del Gobierno español para que puedan desarrollar su trabajo. Tampoco es admisible, a su juicio, que más de 14.000 millones de euros estén retenidos en los juzgados y no puedan contribuir a dinamizar la economía. Todo ello en un país que está a la cabeza en número de casos de corrupción y a la cola en ratio de jueces por habitante en Europa, por debajo de Moldavia o Albania. “Es un problema estructural, son las condiciones en las que trabajan la mayoría de los jueces de nuestro país”, insistió. - Efe/E. P.
