palma - La Fiscalía no recurrirá esta vez la imputación de la infanta Cristina por un presunto delito fiscal, y dejará en manos del juez José Castro la decisión de sentarla o no en el banquillo de los acusados con la confianza de que el magistrado no tendrá otra salida que aplicar la doctrina Botín y librar de ese trago a la imputada. La hermana del rey Felipe VI ha sido exculpada de un delito de blanqueo, pero ha sido imputada como cooperadora de dos delitos fiscales cometidos al parecer por su marido Iñaki Urdangarin a través de la sociedad Aizoon. Estos delitos provendrían del cobro de asesorías ficticias de grandes empresas que no fueron declaradas en el IRPF del duque de Palma, sino a través de esa sociedad con la finalidad de tributar una menor cuantía. La infanta compartía Aizoon al 50% con su marido, que utilizó presuntamente esa sociedad para desviar fondos públicos.
La Fiscalía no quiere que la infanta se siente en el banquillo y espera que el juez se incline por la doctrina Botín, es decir, que no la haga pasar por ese trago porque solo la inculpa la acusación popular de Manos Limpias, y no la Fiscalía, Hacienda o la Abogacía del Estado. Sin embargo, Manos Limpias esgrime que, en los casos en los que se ve afectado el interés general y no un interés particular, debería bastar con la acusación popular. Así sucedió en el caso Atutxa, que llevó al expresidente del Parlamento Vasco a ser inhabilitado por negarse a disolver el grupo ilegalizado Sozialista Abertzaleak. Por otro lado, el juez que investiga la grabación en vídeo de la declaración de la infanta del pasado 8 de febrero ha imputado a la abogada María del Carmen Jiménez como sospechosa de haberla filmado. - DNA
