gasteiz - En representación de los casi cuarenta profesionales de la medicina, psiquiatría y psicología que completaron a lo largo de cuatro años un estudio sobre las torturas, cuatro de los autores de este informe comparecieron ayer en el Parlamento Vasco para ratificar la existencia de esta práctica en el Estado.

Este equipo, liderado por el portavoz de la asociación pro Derechos Humanos Argituz, Andrés Krakenberger, y en el que han tomado parte siete agrupaciones que van desde agentes en favor de la prevención y la asistencia hasta la UPV-EHU, recordó los datos hechos públicos por primera vez en septiembre, donde de forma detallada analizaron los casos de 45 personas que habían denunciado haber sido sufrido torturas en virtud de la legislación antiterrorista entre 1982 y 2010. El resultado de la aplicación del instrumento pericial conocido como el Protocolo de Estambul arrojó un resultado en el que todos los entrevistados obtenían un grado de credibilidad “consistente, muy consistente o de máxima consistencia” en sus denuncias.

Plasmada esta realidad sobre el papel desde hace dos meses, en la Comisión de Derechos Humanos tocaba conocer la opinión de los partidos. El PP anunció por boca de su portavoz ayer en este foro, Cristina Ruiz, que a partir de ahora estudiarán en profundidad el informe facilitado. Más profusas resultaron las valoraciones ofrecidas desde las demás bancadas, donde además de felicitar a los autores del estudio valoraron esta herramienta como un punto de partida para seguir profundizando en todo lo que rodea a las torturas.

El portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, valoró que poner fin a la incomunicación de los detenidos sería “la mejor garantía” para que estos casos no vuelvan a producirse en el futuro. Además, planteó la posibilidad de que el trabajo realizado por los responsables del informe tenga continuidad a través de las instituciones vascas, una tarea en la que podría implicarse el futuro Instituto de la Memoria, según el portavoz de la coalición soberanista.

Tanto Arzuaga como la representante del PNV en la Comisión, Maribel Vaquero, mostraron interés por conocer qué papel podría jugar leste estudio en el devenir de un juicio, una hipótesis ante la que los comparecientes aseguraron que el informe podría emplearse con “validez pericial”.

Mikel Unzalu (PSE), por su parte, alabó el esfuerzo de “tratar de combatir la lacra que supone la tortura”, aunque diferenció la situación que él mismo padeció en este sentido durante el franquismo con la actual.