barcelona - La Comisión de Investigación del caso Pujol y del Fraude Fiscal fue creada ayer en el Parlament y estará presidida por el diputado de la CUP David Fernández, que expresó la voluntad de “radiografiar” y “cartografiar” la corrupción en Catalunya. La nueva comisión echa a andar con el horizonte próximo de que el 14 de noviembre los grupos presenten sus propuestas de plan de trabajo con las comparecencias correspondientes. Este foro se constituye después de que el 2 de octubre el Pleno de la Cámara aprobara su creación tras solicitarlo tres grupos: ERC, ICV-EUiA y la CUP.

El diputado de la CUP David Fernàndez fue elegido presidente de la comisión de investigación por amplia mayoría, con el único rechazo del PPC, que votó en contra, mientras que Ciutadans (C’s) se abstuvo. Esta cuestión provocó una ligera controversia al cuestionar políticamente estos dos últimos grupos que la presidencia recayera en un miembro de la CUP, una formación independentista que consideran antisistema y que al mismo tiempo apoya al Govern de CiU en su iniciativa soberanista. El objetivo de esta comisión es evaluar e investigar, en el contexto del caso Pujol, “las diversas modalidades de fraude y evasión fiscal, determinar las prácticas de corrupción en contextos de contratación y concertación público-privada, y aclarar las responsabilidades políticas e institucionales en las últimas décadas”.

trasfondo La comisión ha sido creada con el trasfondo del caso Jordi Pujol, surgido después de que el expresident de la Generalitat confesara que su familia había cometido fraude fiscal al ocultar en Andorra el dinero supuestamente procedente de una herencia. David Fernàndez expresó su deseo de que la comisión sirva para “radiografiar” y “cartografiar” la corrupción en Cataluña, para lo cual tiene que ser “ágil, eficiente y útil a la sociedad”, dado el clima existente de “desconfianza” en las instituciones.

Según Fernàndez, que es el primer diputado de una formación antisistema que preside una comisión, “un total de 1.700 personas en todo el Estado español están implicadas de forma directa o indirecta en casos de corrupción, y hay estudios que cuantifican en 40.000 millones de euros el volumen económico que mueven”. Los grupos deberán presentar antes del 14 de noviembre sus propuestas de plan de trabajo. - Efe