una montaña de estiércol y un insoportable hedor a podrido cubre al Partido Popular, cuyo detritus, anegado el alcantarillado de la sociedad, abraza con fuerza a la formación, pringada hasta el tuétano con numerosos asuntos de corrupción, el más reciente, la Operación Púnica, en la que ha caído, entre otros, Francisco Granados, durante años el fiel Sancho Panza de la quijotesca Esperanza Aguirre, que, como siempre, dice no saber nada y no tardó para decir que se avergonzaba de Granados y, de paso, pidió perdón. El plasmado Mariano Rajoy siguió el rebufo de Esperanza Aguirre. Sucede que las causas abiertas contra el PP son tantas y tan graves que tratar de encarar la descomposición de su partido, con cientos de cargos imputados por corruptelas varias, con una ridícula petición de perdón, manual empleado con anterioridad, sin mucho éxito, por Juan Carlos I cuando le retrataron su peor perfil en el asunto de la cacería en Botswana, no parece el mejor remedio frente a una sociedad hastiada. El Partido Popular, con cientos de imputados, se destaca como ninguno en esa España de los manejos, los conseguidores, las mordidas, las comisiones... Mientras Rajoy apela al perdón y espera que los nombres manchados se borren del partido, lo que se entiende por una baja voluntaria, el rosario de corruptelas se agolpa en la puerta de los juzgados.
El reino de la corrupción amaneció el lunes con el enésimo capítulo de una colección de tamaño enciclopédico. Una realidad que resumió el juez Eloy Velasco, titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en una columna de opinión de la revista de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). “Los políticos de segunda fila que saquean las arcas públicas y los banqueros que desvían la riqueza financiera hacia su bolsillo o hacia la quiebra que al final tenemos que pagar todos, y que con olor a Chanel o Loewe, han dejado el país más doblado que muchos años de terrorismo”. La opinión del magistrado, que instruye el caso Púnica, la refuerzan una cifras que resultan abrumadoras. El vertedero tiene el tamaño de una cordillera. En España existen, según datos recogidos por Europa Press, 1.700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y, sorprendentemente solo una veintena de ellos duermen en la cárcel, entre ellos Luis Bárcenas, el extesorero del PP, probablemente el nudo gordiano de la orgía de corrupción que corroe al Partido Popular y agujerea la economía española. Un estudio publicado en 2013 cifró en 40.000 millones (24.000 millones supuso el rescate de Bankia) el coste social de la corrupción en España, una historia que parece no tener fin, dispuesta a superarse a sí misma a cada día que pasa. Los escándalos de corrupción son una constante, un rayo que no cesa.
Le más reciente entrega de las cloacas en las que chapotean los populares la enmarca la Operación Púnica, liderada por el juez Eloy Velasco, que ha destapado una trama que había manejado 250 millones de euros de contratos que distintas administraciones otorgados a empresas amigas y en la que Francisco Granados, entre otros, se llevaba, presuntamente, comisiones de entre el 2 y 3% del valor de los mismos. El dinero obtenido por las mordidas no servía para la financiación del partido pero sí para el lucro personal de Granados según consta en la investigación. A Granados, para el que juez ha decretado prisión, se le había descubierto una cuenta bancaria en Suiza tiempo atrás. Su detención, el lunes, ocurría el mismo día en el que Ángel Acebes, exministro del gabinete Aznar, tuvo que declarar ante el juez Ruz como imputado por una de las piezas surgidas -la compra de acciones con supuesto dinero negro del Partido Popular para la creación de Libertad Digital, un medio de comunicación dirigido por Jiménez Losantos, al servicio de la formación conservadora- desde los papeles de Bárcenas y la contabilidad B del Partido Popular. Junto a Acebes, Álvaro Lapuerta, extesosero de los populares, también tuvo que ofrecer su versión en los juzgados. Acebes negó la mayor. Sin embargo, Lapuerta declaró que el pago se había producido siguiendo directrices del PP.
Antes de la Púnica -en la trama también ha caído el presidente de la Diputación de León, el popular Marcos Martínez, en prisión al igual que Granados-, la justicia investigó la Gürtel. La red comenzó a investigarse en 2009. Francisco Correa, (Correa significa Gürtel en alemán de ahí el nombre de la operación) Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Galicia, y Álvaro Pérez, conocido como El bigotes, eran los cabecillas de una trama que se dedicaba a sobornar a políticos del PP con dinero y regalos a cambio de adjudicaciones para sus empresas centradas, principalmente, en la organización de eventos. Amparados por el paraguas del PP, operaron en Madrid, Galicia y Valencia. La trama pivotaba alrededor de Luis Bárcenas, el hombre que controlaba las idas y venidas del dinero dentro de la formación de Mariano Rajoy. Barcenas, quien fuera gerente del PP entre 2004 y 2008 y tesorero entre 2008 y 2009 es el único implicado en este caso de corrupción que se encuentra en prisión, después de que Francisco Correa abandonase la cárcel en 2012, tras cumplir tres años de reclusión. La causa no está cerrada y continúa siendo investigada por el juez Pablo Ruz.
Las cuentas del pp El mismo magistrado es quien instruye una pieza derivada del caso Gürtel, los papeles de Bárcenas, la bomba de relojería en los cimientos de los populares que desembocó en un registro de la sede de Génova de la que se obtuvo diversa documentación que se está investigando. Las pesquisas se centran en los apuntes contables donde el extesorero del PP detallaba la supuesta contabilidad B del partido, con la que numerosos de sus miembros supuestamente cobraron sobresueldos no declarados al fisco. Según estos documentos, una gran cantidad de dirigentes recibieron dinero por conductos ilegales. Los apuntes de Bárcenas, el gerente con cuentas millonarias en Suiza, señalan a Mariano Rajoy; que en medio de la conmoción generada por el escándalo, envió un SMS que pedía al exgerente que fuera fuerte: “aguanta Luis”. Las anotaciones de Bárcenas también incluyen a la presidenta de Castilla-La Mancha y actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; a los exministros Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Ana Palacio, Pilar del Castillo y Federico Trillo así como a poderosos empresarios como Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso, y Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL. Los datos extraídos de la contabilidad no tuvieron su origen en la gestión de Bárcenas, sino que se remontaban, supuestamente, a la época de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, también imputados como Bárcenas, en prisión desde junio de 2013. Durante la instrucción el magistrado ha tomado declaración a Javier Arenas, Álvarez-Cascos o María Dolores de Cospedal. Ángel Acebes, exsecretario general de la formación y uno de los hombres fuertes de Aznar, que también ha tenido que rendir cuentas frente al juez.
el cortijo de bankia El desfile de grande nombres del PP no es exclusivo de la derivada de los papeles de Bárcenas, el gran semillero. El caso de las tarjetas black de Bankia también ha colocado la lupa sobre Rodrigo Rato, quien fuera ministro de Economía con Aznar, y Miguel Blesa, su protegido para presidir Caja Madrid, que después mutó en Bankia. La entidad financiera fue nacionalizada tras rescatarla con 24.000 millones de euros tras generar unas pérdidas pantagruélicas debidas a una deplorable gestión. El agujero fue producido bajo la batuta de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que le tomó el relevo. Ambos dirigieron la caja como si se tratara de un cortijo. La Fiscalía Anticorrupción pidió a la Audiencia Nacional que investigara a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid por apropiación indebida al conocerse que los implicados, la mayoría personas adscritas al PP, aunque en el listado había consejeros del PSOE, IU o vinculadas a sindicatos, cargaron durante años gastos de todo tipo por valor de 15,2 millones de euros mediante tarjetas fantasmas que no dejaban rastro fiscal. El juez que instruye el caso ha impuesto a Rato y Blesa una fianza de 3 y 16 millones de respectivamente como salvaguarda del dinero que se evaporó a través de las tarjetas.
la caída de los barones Los delitos de índole fiscal también asoman en la condena sobre Carlos Fabra, a punto de ir a la cárcel -debe resolverse su petición de indulto- condenado a cuatro años de prisión por un delito fiscal continuado contra Hacienda. Antes de que la justicia le volteara Carlos Fabra era poco menos que el emperador de Castellón, diputación que gobernó durante 16 años. Incluso cuando los tribunales le habían encausado por los mismos delitos que le han llevado a un centímetro de prisión. A pesar de esa situación, Mariano Rajoy definió al cacique como “un ciudadano y un político ejemplar para el PP”. En 2008, cuando Rajoy bautizó a Fabra, el político ya estaba imputado por varios delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, batalla judicial que dilató con innumerables recursos durante una década. En paralelo, continuaba ganando elecciones para regocijo del Partido Popular, refractario a castigar y discriminar a los suyos a pesar de que chorrearan indicios de corrupción.
Esa actitud no varió ni un ápice con Jaume Matas, expresidente de las Islas Baleares en dos ocasiones, otro de los barones del PP. El Supremo impuso a Matas una condena de nueve meses -rebajada de los 6 años iniciales- por tráfico de influencias en la contratación irregular del periodista Francisco Alemany, quien también deberá entrar prisión por una pieza del caso Palma Arena. “Yo quiero un Gobierno como el que preside Jaume Matas en este momento en Baleares. Ese es el Gobierno que yo quiero para España”, aireó en 2004 Rajoy. El expresidente del Govern tiene por delante numerosas causas pendientes. El exministro de Medio Ambiente se encuentra a la espera de que se resuelvan una veintena de piezas en las que está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena. También está pendiente de ser juzgado por otra causa distinta, de supuesta malversación, al haber ordenado el pago presuntamente fraudulento de 120.000 euros de dinero público en favor de un empresario y exconcejal del PP.
Eso es lo que pretende el Partido Popular con Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, que sea parte del pasado. La formación conservadora, que había apoyado sin remilgos a Castedo a pesar de estar imputada por corrupción en los casos PGOU y Rabasa, piezas derivadas de la Operación Brugal -en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante-, trata ahora de que se convierta en ex. La primera edil de Alicante se aferra al poder a pesar de que su partido está dispuesta a destituirla del cargo. La tibia reacción de los populares, cercados por numerosísimos casos de corrupción, con cientos de imputados en sus filas, obedece más al hartazgo de la sociedad, con las tragaderas llenas ante tantos escándalos, que a su convencimiento. De hecho, el Partido Popular, que durante años ha mirado para otro lado, nunca tuvo dudas en contar con imputados para sus listas electorales, protagonistas principales de la España que apesta.
Caso Pokémon. En el ‘caso Pokémon’ los jueces investigan distintas tramas de corrupción repartidas en varias administraciones de Galicia, Asturias y Catalunya para hacerse con contratos y concesiones públicas a base de sobornos a los responsables políticos. Entre los imputados están los exalcaldes de Santiago de Compostela, Ourense y Boqueixón, así como el actual primer edil de Lugo. La jueza del caso, Pilar de Lara, ha imputado también a cerca de medio centenar de personas en las nueve piezas en las que ha sido dividida esta operación.
Los enchufes de Baltar. Otro cacique del PP caído en desgracia ha sido José Luis Baltar, que presidió la Diputación de Orense como le vino en gana. La juez considera probado que durante el primer trimestre de 2010 el acusado decidió contratar a 104 personas a través de un procedimiento que se tramitó sin sujetarse a la ordenanza reguladora de los procedimientos de contratación temporal al servicio de la Diputación de Ourense. Por ello, el todopoderoso José Luis Baltar ha sido condenado a 9 años de inhabilitación. Una vez conocida la resolución, Baltar dijo tener la “conciencia tranquila” porque es “inocente”.
