madrid - La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría adelantó ayer en Consejo de Ministros que su gabinete ha aprobado el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de una Ley de Transparencia que se remonta al 9 de diciembre de 2013; pero, sobre todo, anunció la creación de 282 nuevas plazas de jueces y magistrados para reforzar la lucha contra la corrupción. Las asociaciones del gremio Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia coincidieron en tildar el anuncio de “oportunista”, “falaz” y “cortina de humo”, porque solo dos de esos jueces irán a parar a la Audiencia Nacional, donde se concentra la investigación de los mayores casos de corrupción. A su juicio, ese refuerzo resulta “irrisorio”.

Según Jueces para la Democracia, el resto de las plazas, las otras 280, no tendrían nada que ver con la corrupción, sino que se limitarían a regularizar la situación de unos jueces que ya estaban incorporados pero que carecían de un destino fijo y trabajaban reforzando otros juzgados, según explicó a Europa Press Joaquin Bosch. “No se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen”, resumió. El Gobierno español solo reconoció ayer que 167 plazas se destinarán a minimizar la interinidad, y el resto aumentarían los efectivos en los juzgados. La medida la había avanzado el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, a mediados de mes.

El Gobierno español, por su parte, anunció la creación de 282 plazas: 112 de magistrado en órganos colegiados, 167 de juez de adscripción territorial -siete en la CAV- y 3 en nuevos juzgados de lo penal. La asignación se habría realizado en sintonía con las necesidades señaladas por el Consejo General del Poder Judicial y los tribunales superiores de justicia, y habiéndolo consensuado con las comunidades autónomas, según el gabinete de Rajoy. Las nuevas plazas se activarán el 1 de enero. El Ejecutivo ensalzó la medida asegurando que supone la mayor creación de plazas de los últimos veinticinco años. En los próximos días ampliará la plantilla del Ministerio Fiscal.

En cuanto al Consejo de Transparencia, que deberá estar listo antes del 10 de diciembre, estará adscrito al Ministerio de Hacienda, pero funcionará con “plena independencia”. Hacienda propondrá al presidente del órgano, y se fijará para ello en personas de reconocido prestigio. El nombramiento se aprobará por mayoría absoluta en comisión en el Congreso, y su mandato se extenderá cinco años. Está por ver si el PP busca un consenso amplio. En la Comisión de Transparencia, por su parte, trabajarán un diputado, un senador, un representante de la Agencia de Protección de Datos y uno del defensor del pueblo.

Iniciativas de Aguirre La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, presentó ayer su propio catálogo en La Sexta, donde apostó por aplicar la prisión incondicional “inmediata” a los sospechosos, sin posibilidad de eludir la cárcel bajo fianza; y agilizar los procedimientos judiciales. También se defendió de quienes quieren apartarla. “A mí no me metan en la corrupción, porque no me he llevado un duro estando 30 años en política”, lanzó. - DNA/E.P.