El empeño de los responsables del Departamento de Seguridad por adecuar la Ertzaintza al nuevo tiempo sin violencia de ETA ha sumido a la Policía vasca en un proceso de transformación sin parangón en sus más de 30 años de historia. Desde la estructura hasta los protocolos de actuación de los agentes, los cambios incluidos en el Plan Estratégico Horizonte 2016 le han dado la vuelta al cuerpo policial como a un calcetín. Unas modificaciones que han concitado un rechazo mayoritario por parte de los sindicatos, que el próximo jueves someterán sus posiciones a examen con la celebración de elecciones sindicales.
Un total de 7.853 ertzainas y seis centrales -ErNE, ELA, ESAN, Sipe, Euspel y CC.OO., que ha recurrido judicialmente los comicios- afrontarán esa jornada en un ambiente generalizado de confrontación con la consejería que dirige Estefanía Beltrán de Heredia, y todavía en plena adaptación a las transformaciones instauradas de forma paulatina desde el inicio de la legislatura. Empezando por una estructura de nuevo cuño, acompañada de una nueva RPT, que en noviembre de 2013 redujo el número de divisiones de cinco a tan solo dos: Protección Ciudadana e Investigación Criminal. La División Antiterrorista y de Información se quedó por el camino, pero a cambio se creó una Oficina Central de Inteligencia.
La intención declarada del Departamento de Seguridad era disminuir el número de mandos, fortalecer las comisarías, optimizar la gestión y, sobre todo, destinar un mayor número de agentes a patrullar las calles. Sin embargo, a juicio de ErNE “hicieron dos fotografías con dos korrikas en Bilbao y en Donostia pero nadie les ha vuelto a ver, les han recluido de nuevo en Erandio. No han sacado ni una patrulla más, los agentes siguen en las oficinas”. Jesús Uribe, miembro de la junta rectora de la central mayoritaria, agrega que “en lugar de proximidad y cercanía observamos el cierre de centros y alejamiento de la ciudadanía. Cada vez hay menos agentes en la calle y tratan de suplirlo mediante la movilidad geográfica, otra guerra que van a tener con ErNE”. El coordinador de Sipe, Javier González, valora que “eso queda muy bien en los papeles, pero yo soy de la cuarta promoción y siempre he estado en la calle. Si hay más patrullas, que digan cuántas. ¿Es que antes no se hacía seguridad ciudadana?”.
Otro paso adoptado en esta dirección es la gestión compartida de comisarías, que comenzó con las de Azkoitia y Zarautz, y se ha extendido a las de Bergara-Zumarraga y Tolosa-Beasain con el fin de “ofrecer un mejor servicio de seguridad ciudadana y cubrir las carencias en información e investigación”, según el Departamento. Javier González, de Sipe, es escéptico y valora que “esto es un invento, no le encuentro ninguna ventaja en cuanto al servicio al ciudadano”. Desde ErNE, Uribe explica que “cuando le preguntan al alcalde de Zarautz qué opina sobre la gestión compartida está encantado porque nunca ha visto tantas patrullas, pero si le preguntan al de Azkoitia está muy descontento porque no ve ninguna y la sensación de inseguridad ha crecido”.
Pero el cambio quizás más contestado a nivel sindical ha sido el vuelco total que se ha dado al área de investigación, que ha tenido su último ejemplo en el plan de mejora de las inspecciones oculares que se presentó en junio. El mismo se dirige principalmente a la prevención de los robos en domicilios o naves industriales, y ha situado a 85 agentes al cargo de estas inspecciones. El portavoz de ELA Tomás Rodríguez denuncia que “el servicio de atención al ciudadano en cuanto a la recogida de denuncias, atestados, etc., se ha quedado en precario porque se ha trasladado un montón de personal para potenciar la investigación no uniformada”. Añade que “para suplir esa deficiencia están aplicando una movilidad geográfica bestial dentro de cada territorio. Es un despropósito”. Sobre esta cuestión, el presidente de Euspel Txutxi Castelo opina que “no está funcionando nada, es una vergüenza cómo están las comisarías. Los agentes que trabajan en inspecciones oculares van solos a hacer los servicios, están totalmente desprotegidos”.
Consecuencia también de la ausencia de atentados es que el Departamento de Seguridad ha redoblado esfuerzos en la reivindicación de plenas competencias para la Ertzaintza como policía integral, tal y como establece el Estatuto de Gernika, así como una readecuación de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía española destinados en Euskadi. Así lo reclamó la consejera Estefanía Beltrán de Heredia en su primera comparecencia en el Parlamento Vasco, el 4 de febrero de 2013, y así lo defiende también ESAN. Su secretario general, Eneko Urkijo, afirma que “la Ertzaintza es una policía integral, agradecemos a la Policía Nacional y la Guardia Civil los servicios prestados pero entendemos que tenemos que asumir todas las competencias”. Añade que “es un beneficio para la Ertzaintza como institución y también para el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado, que van a poder volver a sus lugares de origen para prestar allí su labor policial”.
El nuevo tiempo sin violencia de ETA, de cuyo anuncio oficial se acaban de cumplir tres años, ha provocado a su vez el final de los servicios de escolta que la Ertzaintza ha prestado durante años a personas amenazadas por el grupo terrorista. En la actualidad, la protección se ciñe a los cargos institucionales de mayor nivel, como puede suceder en cualquier otra comunidad autónoma, aunque ello no es óbice para que sigan existiendo problemas, a juicio del presidente de Euspel, Txutxi Castelo. Este denuncia “el calendario de trabajo que han impuesto, que se está incumpliendo desde el verano como advertimos cuando lo denunciamos a principios de año”. Explica que “como no hacen rotaciones, la gente ya está pasada de horas a estas alturas del año, se incumplen los permisos y los descansos, y se les está fastidiando la conciliación con la vida familiar”. Desde ESAN, Urkijo incide en que “la escolta tiene que volver a funcionar en binomios para el beneficio del ertzaina como trabajador y para que el vip esté plenamente protegido, un agente solo no es operativo”.
En este contexto cabe mencionar también el Plan de Uso del Euskera que fue presentado el pasado mes de julio, cuando Beltrán de Heredia afirmó que la Ertzaintza, tras muchos años ocupada en “defender la vida, los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos vascos”, debe ofrecer ahora “un servicio policial cercano, de proximidad a la sociedad”, lo que exige una policía “que sea capaz de acercarse a los vascos en el idioma oficial de su elección”. Txutxi Castelo, de Euspel, afirma que “hicimos unas sugerencias al viceconsejero de Administración y Servicios y a la directora de Recursos Humanos reclamando que la gente se libere totalmente para estudiar euskera, teniendo en cuenta las facilidades de las que disfruta el resto de la administración. Pero más allá de contestar que están de acuerdo, no hemos visto que se haya traducido en algo”.
Un problema endémico actualmente en la Ertzaintza es el progresivo envejecimiento de la plantilla, que se encuentra lejos del tope estipulado de 8.000 agentes, así como las dificultades para su renovación pese a la nueva promoción de 120 plazas que hay en marcha. Tomás Rodríguez (ELA) advierte de que “ahora las jubilaciones se sitúan en torno a alrededor de cien al año, pero el momento más complicado será a partir de 2019-2020, cuando serán mucho más numerosas”. Por este motivo, emplaza a “mantener la decisión de seguir sacando promociones anualmente o cada dos años”. Eneko Urkijo, de ESAN, aporta que “se tienen que convocar todas las plazas que quedan vacantes, con 120 no se llega al total. Aún así, tenemos que empezar a crear ya nuevos cursos, hacen falta ertzainas en la calle y es necesario que Arkaute empiece a hacer nuevas promociones, de 250 personas mínimo”.