La Justicia investiga en seis causas diferentes a siete miembros de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercè Gironés, respectivamente. La investigación judicial a la familia Pujol salpica de un modo y otro al Gobierno catalán de CiU en distintas causas abiertas por tres jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias.
Comisiones a CiU
Pendiente de las últimas diligencias antes de abrir juicio oral, el juez instructor Josep María Pijuan sostiene que durante años la empresa Ferrovial logró contratos multimillonarios del Gobierno de CiU que presidía Jordi Pujol por los que pagó comisiones ilegales a Convergéncia. La sede central del partido fundado por Pujol está embargada por este proceso judicial. El juez sostiene que las supuestas mordidas se pagan a través del Palau de la Música, al que Ferrovial hacía generosas aportaciones camufladas como patrocinio. Dos ex tesoreros de CiU, los máximos responsables del Palau y ex directivos de Ferrovial están imputados.
30 años en el extranjero
La responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, investiga al exjefe del Gobierno catalán y a su esposa desde septiembre pasado cuando admitió a trámite una querella después de que Pujol confesara que había tenido dinero sin declarar en el extranjero durante más de 30 años proveniente supuestamente de una herencia de su padre, sobre lo que no ha aportado dado alguno. Además, el juez de Liechtenstein Michael Jhle investiga al expresidente por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Contactos en el Govern
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga también al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol en la causa en la que investiga la concesión irregular de estaciones de la ITV en Cataluña. La juez cree que Oriol Pujol se aprovechó de “sus múltiples influencias políticas” para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento.
Bolsas de billetes
La causa se inició a raíz de la denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Alvarez, que aseguró que había acompañado a Jordi a bancos de Andorra para llevar bolsas repletas de billetes de 500 euros. El primogénito de los Pujol Ferrusola, Jordi, está imputado junto a su esposa, Mercè Gironés, en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para determinar si el matrimonio y tres empresas de su propiedad recibieron comisiones ilegales a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.
Sucursales y un hotel
La última causa contra la familia Pujol Ferrusola la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que imputa a Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha ordenado este jueves varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero así como 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones.
