Pese a que aún se desconoce la letra pequeña de su convocatoria, la consulta soberanista alternativa anunciada ayer con carácter de urgencia por el presidente catalán, Artur Mas, dista en gran medida de la que se estableció en el decreto del 9-N que firmó el propio líder de CiU y que, a instancias del Gobierno español, suspendió de forma inmediata el Tribunal Constitucional. Las diferencias empiezan en el hecho de que la consulta original estaba convocada por un decreto amparado en la Ley de Consultas del Parlament y que detallaba todos los aspectos de su desarrollo. En cambio, la alternativa planteada ayer por Mas usa como paraguas legal “marcos legales preexistentes” a la Ley de Consultas debido a su suspensión.

Sea esta propuesta del president un retroceso en sus planteamientos iniciales o un nuevo órdago al Estado español, lo cierto es que, pese a no ser vinculante, la consulta del 9-N debía abrir un proceso de negociación con el Estado sobre una eventual independencia de Catalunya, en el caso de ganar el sí a dicho estatus. En el escenario actual, la consulta alternativa tiene su validez pero la “definitiva”, según Mas, deberían ser unas elecciones de carácter plebiscitario, para que sean vistas por la comunidad internacional como un referendo.

Respecto a la participación en la consulta del 9 de noviembre, el president dijo ayer que lo podrán hacer de forma presencial todos aquellos mayores de 16 años que presenten el DNI y que residan en Catalunya. En cuanto al censo, a diferencia de la consulta original en la que había un registro de participantes regulado por el decreto de convocatoria, en la nueva consulta no habrá un censo previo, sino que se creará en el momento en el que el ciudadano vaya a votar en el local de la Generalitat al que sea adscrito.

Además, si en el decreto original los ayuntamientos podía ofrecer propuestas de locales para votar, en la consulta alternativa la votación se realizará en dependencias de titularidad de la Generalitat para no poner en riesgo a otras administraciones ni entidades de la sociedad civil, que sin embargo podrán colaborar en la cita. Ambas convocatorias sí coinciden en que, pese a la advertencia lanzada ayer mismo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se mantiene la doble pregunta acordada el pasado diciembre por los grupos favorables a la consulta, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo ¿Quiere que sea un Estado independiente?”.

Sistema de garantías Tampoco será una novedad la participación de 20.000 voluntarios que posibilitarán la celebración del 9-N porque ya estaba previsto en la ley de consultas. Sí difiere que, tras la impugnación de la Comisión de Control de la convocatoria original, ahora se creará un Consejo General de Participación que vigilará que se cumplan las garantías democráticas propias de una votación.