donostia - Tras cinco absoluciones en 2010, una condena al Estado español en 2012 por no investigar una denuncia de torturas, después de declarar “extinguida la responsabilidad criminal” de otras ocho personas y tras once años de sumario abierto y el cierre de un periódico, el caso Egunkaria pasó ayer a la historia con la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa de desestimar el recurso de la Fiscalía y archivar la conocida como pieza económica.
Las partes estaban citadas a las 13.00 horas para conocer la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa y apenas 30 minutos después -media hora larga, relató el imputado Joan Mari Torrealdai, en la que “casi te da reparo hasta respirar, a ver de qué lado caía el fallo”-, la noticia se había extendido: el final definitivo de la pieza económica del caso Egunkaria.
“La Sala dispone desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación del Ministerio Fiscal” y “confirma la resolución recurrida”. Con este fallo, que es “firme” y contra el que “no cabe recurso ordinario alguno”, el tribunal archivó, ya de manera definitiva, la última pieza de un caso que arrancó en un lejano 2003.
Cuando la Audiencia Nacional dictaminó en 2010 la absolución de los cinco acusados de la causa principal, el sumario económico -en el que repetían Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi e Iñaki Uria, junto a Joxe Mari Sors, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu, Fernando Furundarena y Ainhoa Albisu- se trasladó a la Audiencia de Gipuzkoa.
Un volver a comenzar para el que la jueza de lo Penal Carmen Zubimendi concluyó a comienzos del pasado junio que no había lugar. Así, sin entrar en el fondo de los delitos que se habrían cometido entre 1998 y 2001 y que llevaron al fiscal a reclamar penas de entre 13 y 26 años y multas de entre 21 y 33 millones, consideró prescritas las actuaciones que se analizaban.
Una decisión que el Ministerio Fiscal, fundamentado en aspectos técnicos, no compartió y recurrió al entender que dicho periodo de prescripción -de cinco años- habría quedado interrumpido en 2003, con uno de los autos.
“Virtualidad interruptiva” En el fallo conocido ayer, el tribunal, compuesto por Juana María Unanue -presidenta-, Iñigo Suárez y María del Carmen Bildarraz, resta con base en el artículo 132 del Código Penal “virtualidad interruptiva” a los informes periciales, mientras que sobre los autos de noviembre de 2003 asegura que “no se contiene ningún elemento de determinación de las posibles conductas típicas, dada la amplitud y el carácter absolutamente abierto y meramente enunciativo de la narración fáctica”.
Los magistrados aseguran en el escrito que “la delimitación de los hechos y su posible integración en los tipos penales de falsedad en la contabilidad y contra la Hacienda pública por fraude en las subvenciones se efectúa tras el dictamen de la Agencia Tributaria lleva fecha de 29 de mayo de 2006”.
El auto de abril de 2007, que acuerda la transformación del proceso en abreviado, “es declarada nula, por lo que los requisitos de delimitación subjetiva y objetiva que se exigen no pueden entenderse observados hasta el dictado de dicha resolución”. Para entonces, zanja el tribunal, “los delitos que se imputaban a los apelados habrían prescrito”.
“Esperanza perdida” El que fuera presidente del consejo de administración de Euskaldunon Egunkaria, Joan Mari Torrealdai -y uno de los acusados que fueron absueltos en 2010 junto con Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga-, respiró poco antes de las 13.30 horas de ayer. “Nos quitamos un peso, y grande, de encima”, valoró en conversación con este diario instantes después de conocer el fallo que archiva la causa.
Aunque la plataforma de apoyo a los encausados dará a conocer su valoración en el acto de agradecimiento que se celebrará el viernes en Andoain, y que está convocado a las 12.00 horas, Torrealdai recordó que, “aunque esto te da la tranquilidad, justicia sería la reparación”. “Al final, tenemos perdida la esperanza de la justicia. Ahí está nuestra pena de banquillo”, recordó el expresidente del diario clausurado, quien avisó de que “la justicia debería reparar todo el daño psicológico, físico, el patrimonial, el sufrido por nuestras familias... Esto sí da tranquilidad al final, pero se debería reparar todo lo anterior”.