gasteiz - La Abogacía del Estado pretende suspender la OPE que reforzará con 120 nuevos agentes la plantilla de la Ertzaintza al considerar que este número no se ajusta a los índices de reposición que fija la normativa vigente. Con este fin, presentó el pasado lunes un recurso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el que este órgano deberá pronunciarse en breve, puesto que las pruebas de selección continúan su curso y en diez días los aspirantes que se mantienen en liza -275 de los más de 5.000 inscritos- deberán afrontar una nueva criba.

Ante la incertidumbre que ha creado este anuncio, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, matizó ayer que el “grave” recurso no supone la suspensión automática de la oferta de empleo, sino que habrá que esperar a que los magistrados del TSJPV se pronuncien para conocer el futuro de estos puestos de trabajo. La reacción del abogado del Estado colisiona con el acuerdo emanado de la Junta de Seguridad, el órgano bilateral en el que las administraciones española y vasca pactaron una fórmula de renovación de la plantilla de la Policía autónoma para que en todo momento se mantuviera el plantel de 8.000 agentes. Es más, tal y como recordó Erkoreka en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno semanal, fue el propio PP vasco quien activamente participó en esta iniciativa a través de un mando parlamentario -representado por el entonces aforado y hoy en día delegado del Gobierno en la CAV, Carlos Urquijo- para garantizar la tasa de reposición de la Ertzaintza por encima de otros requerimientos. Y así se ha repetido a lo largo de los últimos ejercicios, un periodo en el que se ha puesto de manifiesto el “carácter singular” de la Policía autonómica para no cumplir “estrictamente” con las normas del Estado relativas a la función pública, según argumentó el consejero.

El portavoz del Gabinete Urkullu recordó que pese a la reacción de este órgano adscrito al Ministerio de Justicia, el Ejecutivo autonómico tiene el “firme propósito” de continuar con la convocatoria. No en vano, el también consejero de Administración Pública advirtió de que en caso de que la OPE fuera finalmente suspendida, la plantilla de la Ertzaintza rondaría en septiembre de 2016 los 7.500 agentes; es decir, medio millar por debajo del total fijado por la Junta de Seguridad en el pacto bilateral.

Frente a estas valoraciones, en el recurso de la Abogacía del Estado se cuestiona, según ha podido saber este periódico, el carácter “político” del acuerdo de la Junta de Seguridad, una circunstancia que no exime a la OPE llamada a reforzar la plantilla policial de “cumplir” la legislación básica del Estado. Esta normativa cifra en un límite del 10% la tasa de reposición de efectivos del cuerpo policial y exige que la convocatoria pública del Gobierno Vasco esté precedida de una oferta “aprobada y publicada en los términos exigidos” por los Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, el sindicato con mayor presencia en la Ertzaintza, ErNE, calificó la actuación de la Abogacía del Estado de “ataque sin paliativos” al autogobierno vasco.