Barcelona - Artur Mas no tiene intención de actuar unilateralmente respecto a la pregunta y fecha de la consulta aunque haya aireado su voluntad de negociarlas con el Gobierno español siempre y cuando este permita realizar el referendo del próximo 9 de noviembre. Para tranquilizar a los partidos soberanistas favorables a su celebración y con el objetivo de gestar una postura unitaria con la que presentarse ante Mariano Rajoy, el president telefoneó ayer a los líderes de ERC, ICV y la CUP (Oriol Junqueras, Joan Herrera y David Fernández), respectivamente, asegurándoles que cualquier modificación en este proceso sería siempre consensuada con ellos. Según desveló TV3, el líder de CiU trata de acodar con esta ronda de contactos el enfoque de la parte que atañe a la consulta y disipar cualquier duda o temor, ya que, según fuentes del Govern, la flexibilidad que pudiera darse no implicaría de ningún modo aparcar la cita con las urnas.
El mismo día en que se aprobó en comisión el borrador de la ley de consultas catalana, los republicanos trasladaron a Mas que su formación no quiere cambiar la formulación y el calendario del referendo, más aún cuando todos los partidos se muestran escépticos respecto a lo que pueda deparar el encuentro, que aún no tiene fecha oficial, entre el president y Rajoy. El propio secretario de organización de CDC, Josep Rull, comentó que tiene “pocas esperanzas” en que pueda resultar exitoso dado el enroque del dirigente popular, que ya anticipó el pasado sábado que no hará lo que “ni puedo ni debo”, pese a reconocer que arrastra un “problema” con Catalunya. El día exacto de la cita entre Mas y el presidente español está previsto que se haga público antes de agosto, esquivando aquellas jornadas con compromisos ineludibles como el Consejo de Ministros de los viernes o el Consell Executiu de los martes por la mañana.
En este contexto, la ley que permitirá al jefe del Govern convocar la consulta superó ayer en el Parlament su penúltimo trámite, con el apoyo de CiU, ERC, PSC y la CUP, mientras que el PP y la CUP votaron en contra en la comisión de asuntos institucionales. El texto será enviado ahora al Consejo de Garantías Estatutarias para que informe sobre si se ajusta a la Constitución y el Estatut. Este órgano asesor emitirá un informe no vinculante en el plazo de un mes y los grupos parlamentarios podrán abrir un nuevo periodo de enmiendas. A expensas de la aprobación por el Pleno de la Cámara en septiembre, según el articulado, el plazo para que Mas convoque la consulta expira el 9 de octubre, justo un mes antes de la fecha pactada.
respaldo matizado del psc Con el beneplácito de su nuevo líder, Miquel Iceta, y a modo de guiño a los críticos, el PSC dio su apoyo al entender que la ley de consultas es un “mecanismo de participación democrática” pero matizando que “lo que se puede consultar a la ciudadanía son aquellas materias sobre las que la Generalitat tiene competencias”. “No es solo una ley para el 9 de noviembre, pero también es una ley para el 9 de noviembre”, recalcó sin embargo Rull, al tiempo que ensalzó su rigor jurídico y el amplio apoyo político. Por contra, PP y Ciutadans defendieron su negativa alegando que no quieren “ser cómplices” de una ley que es “un fraude masivo” a la sociedad catalana y una “trampa” que no se ha redactado con el fin de fomentar la participación ciudadana, sino que únicamente tiene como objetivo auspiciar una consulta que, a juicio de ambos, no es constitucional sino “ilegal”. En cambio, ERC alabó que “es plenamente constitucional”, mientras que ICV y la CUP destacaron que la norma permite profundizar en la “democracia directa”.
Una vez validada, todo apunta a que el Ejecutivo del PP, como ya ha anunciado, recurrirá la ley de consultas para que sea tumbada por el Tribunal Constitucional, algo que CDC tildó de “surrealista” porque aún se desconoce su contenido completo. “Mas ya ha dicho que firmará el decreto de convocatoria de la consulta y lo hará bajo una ley que no será suspendida en el momento que firme este decreto de convocatoria”, señaló Rull. Es más, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, reseñó que el texto se enmarca en la “escrupulosa legalidad”. “Lo ideal sería que las cosas se pudiesen acordar pero parece ser, por lo que nos va diciendo el Gobierno español, que le resulta imposible, por lo que al menos le pedimos que no pongan trabas”, zanjó Homs.
Votantes. Catalanes mayores de 16 años que residan en Catalunya y residentes en el extranjero que se hayan inscrito en el registro creado por la Generalitat. También los ciudadanos comunitarios con un año de residencia y los extracomunitarios con tres.
Censo. Se crea el Registro de Participación formado por los datos del Registro de Población de Catalunya, que se nutre del padrón municipal, y por el Registro de Catalanes en el Exterior.
Efectos. Las consultas no son vinculantes, pero los poderes públicos se deberán pronunciar sobre su incidencia política en el plazo máximo de dos meses.
Ámbito. No delimita materias pero se excluyen las que restrinjan derechos fundamentales previstos en la Constitución y en el Estatut.