Urkullu a Rajoy: "Que nos deje en paz a los vascos"

El lehendakari pidió al Ejecutivo español que “se dedique a gobernar lo que tenga que gobernar y nos deje en paz a los vascos”. El reproche da una idea del estado actual de las relaciones entre Ajuria Enea y Moncloa que, a la vista está, no pasan por sus mejores momentos. Fiel a su estilo, Rajoy apenas se mueve en ninguno de los frentes relacionados con Euskadi en su intento de marcar los tiempos y la agenda.

Pero la situación en Euskadi en materia de autogobierno y pacificación es refractaria a dilaciones y políticas de avestruz. De ahí que en el Gobierno Vasco no aprueben ni las demoras ni los obstáculos. Y por eso el lehendakari repitió la critica: “Cuesta resistirse a decir que se dediquen a gobernar lo que tengan que gobernar y que nos dejen en paz a los vascos, cuesta resistirse a decir esto, pero manifestamos nuestro hartazgo ante una actitud siempre y solo obstructiva, siempre y solo a la contra de las iniciativas vascas”.

El lehendakari hizo estas manifestaciones en el acto del 50 aniversario de Goierri Eskola en Ordizia, donde denunció los intentos de recentralización del Estado por parte del Gobierno español con casos como el de la Lomce, “con un intento permanente de inmiscuirse y debilitar también el autogobierno vasco. no solo afectar a la calidad de la enseñanza”.

A lo largo de la legislatura las invasiones competenciales han sido una constante desde Madrid, siempre so pretexto de la crisis, con decretos y leyes básicas que han laminado la capacidad normativa de Euskadi. El Ejecutivo de Gasteiz ha presentado hasta diez recursos ante el Tribunal Constitucional para intentar revertir la situación, aunque todos ellos están pendientes de una resolución.

En los últimos días tres nuevos litigios se han sumado a la lista de agravios de Ajuria Enea. El primero de ellos se refiere a la actuación sobre las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978 que el Gobierno español se niega a reconocerlos de manera institucional. La semana pasada el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, avanzó que emprenderán acciones legales para defender el decreto que Madrid intenta tumbar, cortando el reconocimiento y la reparación de las víctimas policiales durante ese periodo del franquismo. Lakua se ha puesto en contacto con la Moncloa para tratar revertir la situación. Desde la aprobación del decreto en la pasada legislatura, el Ejecutivo vasco ha recibido un total de 231 solicitudes de personas que denunciaron haber sido víctimas de abusos policiales en el citado periodo. De todas ellas 56 se han resuelto a favor y en algunas casos incluso ya se han abonado las ayudas correspondientes.

El afán recentralizador del Gobierno español también se extiende, a juicio del Ejecutivo vasco, a la acción exterior de las comunidades autónomas, en este caso a través de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado. Esta misma semana Lakua ha decidido recurrirla ante el Tribunal Constitucional al entender que es “unificadora” y “controladora”. Entre otros argumentos, considera que esta ley confunde los conceptos de política exterior y acción exterior, de manera que obvia la capacidad de Euskadi para actuar en materia de proyección internacional. La confusión entre ambos conceptos es tal que la ley llega a atribuir al Consejo de Política Exterior -órgano que asesora al presidente del Gobierno español en materia de política exterior- el control de las actuaciones de las comunidades autónomas en este campo. El Ejecutivo de Gasteiz va más allá y señala que la Ley de Acción Exterior se excede en la capacidad coordinadora que atribuye al Estado, de manera que limita la autonomía que tienen las diferentes comunidades para planificar y regular sus acciones en esta materia.

El último escollo ha llegado esta semana a raíz de la convocatoria pública de empleo de la Ertzaintza que ampliará en 120 el número de agentes que le faltan para alcanzar los 8.000. También en este caso el Madrid ha amagado con plantear un recurso contencioso-administrativo para que esta promoción de la Policía vasca cumpla una ley española que limita al 10% la tasa de reposición de plazas que han quedado libres en el último año, lo que menguaría la OPE que se celebrará la próxima semana a menos de una decena de aspirantes.

Ha sido el último conato de intervención que ha soliviantado al Gobierno Vasco, hastiado, según reconocían ayer fuentes de Lehendakaritza, de las “buenas palabras, silencio administrativo ante nuestras reclamaciones y, por último, recurso tras recurso”. Estas mismas fuentes reconocían que “es difícil seguir así”, aunque no arrojan la toalla y aseguran que mantienen los canales de comunicación habituales con la Moncloa. Parece poco probable una reunión en breve entre el lehendakari y el presidente español para abordar estas diferencias. Mientras tanto, el lehendakari advierte que “no nos van a parar” y seguirá “activando, desde el respeto al ordenamiento jurídico, todos los mecanismos de autogobierno”.

“victimismo” Las palabras de Urkullu no encontraron respuesta en el Gobierno español pero sí en el Partido Popular de la CAV. Fue su secretaria general, Nerea Llanos, la que reclamó al lehendakari que “deje el victimismo y el reproche a un lado y asuma su obligación de gobernar Euskadi”.

La número dos de los populares vascos manifestó que el nacionalismo siempre “se agranda en el reproche y se achica casi hasta desaparecer cuanto se trata de llevar a cabo bien sus propias competencias y autogobierno”.