Madrid - La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad provisional a Iosu Uribetxebarria Bolinaga, en prisión domiciliaria desde el 3 de abril por el asesinato de un guardia civil en 1986, al considerar "desproporcionada e innecesaria" esta medida teniendo en cuenta que padece un cáncer terminal. La sección segunda de la Sala de lo Penal revocó así el auto de prisión provisional atenuada que dictó el juez Ismael Moreno al considerar que fue Uribetxebarria "quien al parecer realizó los disparos" que acabaron con la vida de Antonio Ramos, el 8 de junio de 1986 en Arrasate, lo que llevó a su vez a revocar la libertad condicional que por su enfermedad le fue concedida en 2012.

La decisión, suscrita por los magistrados José Ricardo de Prada y Clara Bayarri, cuenta con el voto discrepante de la presidenta de la sección segunda, Concepción Espejel. El tribunal señala que los informes médicos solicitados "claramente indican la inconveniencia de ingresar a dicho enfermo en prisión apreciándose la prisión domiciliaria como innecesaria y desproporcionada atendidas las circunstancias personales". "No existe en el caso causa que determine la necesidad de acordar una medida cautelar que empeora la situación de un penado aquejado de cáncer cerebral en estado terminal, especialmente si se aprecia que la imputación que pudiera efectuarse en este procedimiento es para el imputado irrelevante a efectos de cumplimiento de pena", destaca la Sala. Para el tribunal, además, no existe un riesgo de fuga.

En su voto particular, Espejel asegura que la medida de prisión domiciliaria no es "innecesaria ni desproporcionada" a las circunstancias del caso y que se limita a asegurar la presencia del acusado en el juicio y evitar injerencias en los medios de prueba que hayan de practicarse como la influencia sobre los testigos.

Recientemente, el juez Moreno rechazó vigilar con una pulsera telemática a Uribetxebarria, tal y como propuso la Ertzaintza para evitarle una "lesividad mediática" por tener permanentemente en su domicilio presencia policial.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) mostró su "rabia e indignación" ante la decisión de la Audiencia Nacional. A través de un comunicado, la asociación presidida por Ángeles Pedraza señaló que se trata de una "nueva concesión a un terrorista", que evidencia que los jueces "priman la comodidad y tranquilidad de un asesino frente a los anhelos de justicia". - Efe