MADRID. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha prorrogado hasta el viernes el plazo de presentación de enmiendas parciales a la reforma de la Ley del Poder Judicial sobra racionalización del sector público donde el Gobierno y el PP barajan incluir las modificaciones legales necesarias para garantizar el aforamiento de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía una vez que sea proclamado Felipe VI.
La idea de aprovechar una ley orgánica en trámite parlamentario permitiría resolver en pocas semanas la cuestión pendiente de la situación en que queda Juan Carlos I una vez que sea efectiva su abdicación.
En ese sentido, la Cámara Baja tiene encima de la mesa un breve texto que modifica apenas tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la norma que regula los aforamientos ante tribunales especiales y que sería la encargada de regular la protección jurídica del Rey saliente.
Se trata de la Ley orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del sector público, que modifica la Ley del Poder Judicial para incluir aspectos sobre el régimen laboral de jueces, fiscales y funcionarios.
El plazo de enmiendas al articulado finalizaba este martes, aunque se ha prorrogado unos días más, hasta el viernes, justo al día siguiente de la proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España.
Una vez que se presenten las enmiendas, el texto pasará por ponencia, Comisión de Justicia y Pleno del Congreso, donde se requiere mayoría absoluta dado su rango orgánico. Después se remitiría al Senado, donde si, no es retocada, podría salir adelante de forma inmediata para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según informaron fuentes gubernamentales, esta ley presenta una oportunidad idónea ya que la LOPJ es precisamente la destinada a regular los aforamientos y ya está en fase de tramitación en vía parlamentaria. Por lo tanto, no sería necesario incluir este asunto en una norma que le sea totalmente ajena.
Tampoco habría que esperar a la aprobación definitiva de la nueva LOPJ, la cual es todavía un anteproyecto, en el cual el Ejecutivo sí ha introducido el aforamiento de la Reina y de los Príncipes ante el Tribunal Supremo. Esta iniciativa está en fase de informes y su aprobación se demorará meses.
EVITAR UN DEBATE SOBRE LAS FORMAS
Las fuentes consultadas explican que en España hay más de 10.000 aforados --el grupo mayoritario está constituido por jueces y fiscales-- que son investigados por Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y por el Tribunal Supremo.
Ante el alcance de esta protección, no parece razonable que no goce de tal protección jurídica quien ha ocupado la jefatura del Estado. El propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo ha considerado razonable y la mayoría absoluta del PP es suficiente para sacarla adelante.
Las fuentes consultadas han asegurado que se quiere tomar una decisión que cuente con el consenso de otras fuerzas parlamentarias y que se quiere evitar que, al debate de fondo sobre el aforamiento del Rey, se añada otra polémica sobre la forma en que se aprueba.
Por este motivo, la iniciativa se introducirá en cualquier caso en el Congreso y no en el Senado, donde han sido varias las polémicas por que el Gobierno ha aprovechado normas en tramitación para incluir medidas que nada tenían que ver con la norma y eran incongruentes. Además, introducir una enmienda en el Senado impide su debate en el Congreso.
Por otro lado, el Gobierno sigue trabajando en el real decreto con el que se aclarará el tratamiento futuro que recibirá Don Juan Carlos, que previsiblemente será aprobado por el Consejo de Ministros esta semana, el mismo viernes día 20.
