GASTEIZ. La Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento vasco ha aprobado este martes, por unanimidad, el grueso del dictamen de la proposición de ley reguladora del código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades que será elevado a pleno para su aprobación definitiva.
La nueva regulación afecta al conjunto de cargos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma Vasca entre los que se encuentran el lehendakari, los consejeros, viceconsejeros y personal directivo, el Ararteko y su adjunto, así como los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, entre otros. Las diputaciones forales y los ayuntamientos, por su parte, se regirán por sus propias normativas, aunque sí que estarían afectados por algunos de los artículos de la ley.
La proposición de ley fue presentada por el PSE-EE y posteriormente trabajada durante un año en Ponencia parlamentaria, de la que ha salido el texto que este martes se ha aprobado, y que viene a actualizar a la Ley de Incompatibilidades de 1983 actualmente en vigor.
El texto introduce criterios para que los ciudadanos conozcan las actividades de los cargos públicos que acceden a un cargo y también después de su cese. En concreto, deberán presentar una declaración de las actividades que hayan realizado dos años previos a su responsabilidad pública y también la realizada los dos años posteriores a abandonar el cargo.
También tendrán que presentar una declaración de todos los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales antes de desempeñar el cargo y al abandonarlo, durante los dos años siguientes. No obstante, estos datos sobre los bienes tendrán un carácter reservado y podrán acceder al mismo los consejeros, el Parlamento vasco, los órganos judiciales así como el Ministerio Fiscal.
El Gobierno vasco, por su parte, deberá elaborar un Catálogo de Cargos Públicos que será accesible para la ciudadanía y que tendrá que estar permanentemente actualizado por el Servicio de Registro de Personal de la Dirección de Función Pública.
El dictamen prevé sanciones 'leves' como incumplir los plazos para registrarlos, que supondrán una amonestación, mientras que las 'graves' y ''muy graves' incluyen la presentación de declaraciones falsas o la no presentación de los documentos que se publicarán en el boletín oficial y pueden tener como consecuencia la destitución o la inhabilitación de hasta diez años. Si se prevé que puedan ser susceptibles de delito, la Administración debe acudir a la Fiscalía.
LOS GRUPOS
Desde el PNV, Ana Otadui ha destacado que el texto se ha aprobado con un "amplio acuerdo" y ha agradecido al resto de grupos la "actitud constructiva" mantenida durante los trabajos en la Ponencia.
"Todos los grupos hemos reconocido la importancia que tiene esta ley que nos va a ayudar a recuperar la confianza de los ciudadanos", ha señalado. El PNV llevará al pleno dos enmiendas para su defensa en el debate de aprobación definitiva del texto.
Laura Mintegi (EH Bildu) ha agradecido el talante de los grupos durante el trabajo de la Ponencia, ya que gracias a las transaccionales han conseguido incorporar "en su totalidad" los conceptos que había planteado la coalición.
En este sentido, ha señalado que sus aportaciones pasan por el hecho de que se reclama a los cargos públicos que fomenten la participación, tengan una "responsabilidad especial" en la gestión del dinero público y apoyen las comisiones de investigación en casos de corrupción. Sin embargo, ha anunciado que va a mantener tres enmiendas para su debate y votación en pleno.
Idoia Mendia (PSE) ha calificado la ley de "exigente y rigurosa", ya que va a garantizar la "neutralidad" del ejercicio del cargo público "consolidando la honestidad y trazabilidad del cargo público en Euskadi". "La aprobación de esta ley es importante en este momento en el que lo fácil es hacer demagogia con la clase política. Cuando la generación hace que donde hay una oveja negra, se quiera hacer parecer que todos los son, cuando es justo lo contrario", ha defendido.
Borja Sémper (PP), a pesar de mantener varias enmiendas para su debate en pleno, ha subrayado que el espíritu general que desprende el texto resultante recoge de forma general sus enmiendas y cree que el dictamen es "especialmente importante", ya que responde a la necesidad de "mejorar en transparencia, y, por tanto, en la calidad del servicio público que se presta" y responde a la demanda de la ciudadanía con respecto al ejercicio de la política".
"Ahora que parece que quienes nos dedicamos a la política todo lo hacemos mal, no está demás que cuando acertamos y somos capaces de actualizar las medidas para mejorar el ejercicio de la función pública, también seamos capaces de contarlo", ha señalado.
Por su parte, Gorka Maneiro (UPyD) no ha podido acudir a la Comisión por estar enfermo, pero ha pedido que se dieran por defendidas sus enmiendas.
