El rey de España, Juan Carlos I, ha abdicado. El Consejo de Ministros prepara ya una ley orgánica para que el Congreso y Senado aprueben la designación de su sucesor, que será llamado Felipe VI y que es, todavía, el príncipe Felipe de Borbón.

Lo primero que destaca de todo esto es la prisa que se han dado para acelerar la subida del nuevo rey. Discurso, reunión de ministros, proyecto de ley, ley y nombramiento a toda velocidad. Esto ya lo han señalado varios comentaristas, desde Iñaki Gabilondo a Llamazares, sin ir más lejos. Podían haberlo hecho antes, pero no, tiene que ser ahora precisamente y en un proceso veloz tan "turbo" como la santidad de Escrivá de Balaguer.

¿Tendrá que ver todo esto con Urdangarin y el inminente juicio oral del caso Nóos? Pudiera ser, pero el desgaste monárquico y el deterioro de la salud del rey arrancan de mucho tiempo atrás, así que tiene que haber otras claves, aunque ya han surgido aquí varias: la institución de la Corona por los suelos en las encuestas de manera reiterada, la lastimera aparición del rey balbuceante e inválido en la Pascua Militar (en un acto ante la máxima jerarquía de los ejércitos y televisado además), la petición de perdón poco convincente e insólita con el asunto de los elefantes y la avería de su cadera, silbidos a los miembros de la institución coronada en varios actos, banderas republicanas por doquier en gran cantidad de manifestaciones de protesta?En los próximos días podremos atar estos y otros cabos.

De todas maneras, parece necesario destacar algunos problemas centrales de carácter constitucional y democrático. El primero es que la monarquía no es una institución democrática, sino hereditaria. Felipe VI, por ser vos quien sois, por la sangre, por la familia, va a heredar la Jefatura del Estado como el que hereda de modo testamentario una finca rústica. Hijo mío, le dice y nos dice el rey, ahora te toca a ti porque estás muy preparado.

El Estado es de toda la ciudadanía que no va a tener arte ni parte en la designación de la máxima magistratura constitucional. Todo lo que sabemos del que no tiene más legitimidad que la de estar engendrado por su padre es la de su preparación. Hasta ahora, hasta en el discurso de abdicación del rey, no se nos da más noticia de su legitimación que esa. Así que podemos llamarle en el futuro Felipe VI El Preparado, del mismo modo que a Juan Carlos I se le ha adjudicado lo de El Campechano y al horrible Fernando VII El Deseado.

Seriamente, todo esto requiere un cambio constitucional por el que algunos clamamos hace mucho tiempo. Lo primero que no hay que admitir es que el futuro rey sea nada menos que irresponsable de sus actos, amén del carácter inviolable de la institución que va a detentar (artículo 56. 3 de la vigente Constitución). Toda la propaganda oficial con la que nos bombardean, las loas a la transparencia por ejemplo, es morralla despreciable si se tiene en cuenta que al futuro rey no le alcanza jurisdicción alguna porque es un perfecto irresponsable (irresponsable de sus actos, tal y como lo asegura la Constitución española).

Lo segundo es que debería someterse a referéndum constitucional la discusión de fondo: monarquía o república. Si bien no se nos oculte que la votación podría ganarla Felipe VI. Con razón mi colega Javier de Lucas decía en un agudo artículo en Página abierta que lo que más nos favorecía a los republicanos era el mantenimiento de Juan Carlos I en el trono, pues el desmedro de la coronada institución iba a ser entonces irreversible.

Otra lección, cosa que ya pasó en la última República, es que no basta con la conciencia antimonárquica que se ha desplegado, tan fuerte que ha dado miedo a la propia Corona y al sistema bipartidista imperante. Hace falta el desarrollo urgente de un ideario republicano, una cultura cívica republicana, un acuerdo de todas las fuerzas políticas que están por esa labor y un programa democrático de fondo para el que nunca es suficiente que el ser hijo de su padre baste para alcanzar la Jefatura del Estado.