madrid - En plena revuelta de los jueces de la Audiencia Nacional contra la reforma de la justicia universal, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, les recordó que están "obligados" a aplicar las leyes que el Parlamento aprueba, después de que varios magistrados hayan calificado de "chapuza" la reciente reforma y hayan pedido que se rectifique.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, subrayó que, en un sistema de división de poderes, igual que el Gobierno está obligado a ejecutar las leyes que aprueba el legislativo, los jueces están "obligados a aplicarlas". Y si surgen dudas, la ley prevé unos mecanismos de actuación, señaló.

La vicepresidenta aprovechó para recordar que no es la primera vez que se reforma la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, que ha generado "problemas" desde su introducción en nuestro país. Así, el anterior Gobierno socialista ya redujo en 2009 alguno de los supuestos en los que los tribunales españoles tienen competencia para juzgar casos cometidos fuera de nuestras fronteras.

La reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Sin embargo, avala las investigaciones por terrorismo siempre que la víctima tuviera nacionalidad española. Con respecto a los delitos de narcotráfico, se requiere que la carga tenga España como origen o destino, precisó la portavoz del Gobierno. En este punto, reconoció que han surgido "dificultades" en el caso de aquellas barcos de bandera no española detenidos en aguas internacionales y que "en algunos casos" ni siquiera se dirigían a España.

En estos casos, "no es que (los delitos) queden impunes", señaló, pues las autoridades españolas pueden denunciarlo ante la justicia del país competente.

La limitación de la justicia universal fue introducida por el PP a través de una proposición de ley que se tramitó por urgencia y en lectura única, una decisión que ya ha provocado la excarcelación de 43 narcotraficantes y que viene cosechando importantes críticas en el fondo y en la forma en la mayor parte de los partidos de oposición, así como entre jueces y fiscales. El último en cargar contra esta decisión ha sido el juez Andreu, que calificó de "chapuza" esta reforma y quien censuró que se use la justicia como "moneda de cambio".

cinco de seis Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se han rebelado contra esta reforma promovida por el PP, que limita sus competencias para investigar genocidios o crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países, negándose a archivar causas que llevan años instruyendo. Como ejemplo, el juez Santiago Pedraz ha rechazado el archivo de la muerte del periodista español José Couso en Irak y el genocidio contra el pueblo guatemalteco, en el que fallecieron siete españoles.

Ayer, el juez Ruz rechazó archivar la causa en la que están procesados 7 exresponsables de la policía chilena por el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976. Ruz ha adoptado esta decisión en un auto en el que explica que esta causa debe seguir abierta tras haberse acordado el procesamiento por terrorismo y ser la víctima española, por lo que considera que en este caso "concurren los supuestos necesarios para afirmar la competencia de la justicia española". - DNA/E.P.