SEVILLA. La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, indica que los seis bienes inmuebles y cinco cuentas que ha ofrecido Álvarez en garantía no son suficientes para cubrir la cantidad de 29.568.129 euros impuesta como responsabilidad civil por los ERE.

Por ello, acuerda iniciar una averiguación patrimonial integral de bienes mediante la aplicación informática de que dispone el Consejo General del Poder Judicial.

Además, acuerda iniciar el embargo de los seis pisos, locales comerciales y plazas de garaje que la exministra y exconsejera andaluza tiene en Madrid, en Sevilla y en Estepona (Málaga).

También ordena el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente y de las devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria.