gasteiz - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco asegura en un auto que ETA está llevando a cabo la "deslocalización" de sus refugiados desde Francia, América y África a otros países europeos como Alemania, Bélgica y Reino Unido en un proceso de reorganización en el que también estaría obligando a éstos a firmar una suerte de "contrato" con la organización mediante el que se asegura la fidelidad a su disciplina.
Así se desprende de un informe de Inteligencia de la Comisaría General de Información de la Policía que recoge el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto en el que procesa por integración en ETA a Javier Agirre Ibáñez, detenido en Bélgica. Según este documento, la dirección de ETA se encarga directamente y de forma individual de decidir el país en el que deben vivir en la clandestinidad sus huidos, que de esta forma pasan a integrar el llamado "colectivo de refugiados", quedando sometidos al control "férreo" y a la disciplina de la banda.
"La decisión de qué militantes deben o no marcharse a un tercer país (así como la continuidad o expulsión de la organización) es exclusiva de ETA", asegura este informe, que precisa que la dirección etarra "no concede tal condición de 'militante-refugiado' a cualquiera, puesto que supone una plena integración en la organización" De este modo, "todos los militantes que huyen de sus domicilios y se sustraen de la acción de la justicia por su pertenencia o relación con ETA, quedan sujetos automáticamente a su disciplina y control, decidiendo cuál será, por razón de su militancia, el tipo de labor futura".
Respecto al etarra procesado, el informe indica que convivía en una misma vivienda en Bruselas con otro miembro de la banda, Ventura Tomé Queiruga, siguiendo las instrucciones de ETA, ya que ninguno de los dos eligió ese destino voluntariamente ni tampoco vivir juntos, sino que les fue impuesto a cambio de proporcionarles casa y documentación falsa.
Tomé tiene 60 años y tras una estancia en prisión en la década de 1990, volvió a ser detenido en Bruselas en octubre de 2011, junto con Agirre, y entregado al Estado español en diciembre de ese año para cumplir una condena de 17 años, cuatro meses y un día. Su puesta en libertad está prevista en abril de 2029. El preso de Tafalla ha sido sometido recientemente a una operación para extirparle parte de un pulmón tras serle detectado un nuevo cáncer, razón por la que Etxerat pide su excarcelación. A Agirre el Tribunal Supremo le confirmó en marzo del año pasado una pena de dos años y un día de prisión impuesto por la Audiencia Nacional por colocar un artefacto explosivo que el 26 de octubre de 2006 provocó graves daños en una entidad bancaria de Gasteiz.
Como sustento económico, ambos, a los que se les prohibió también contactar con su familia y consultar páginas web de Euskadi, recibieron ingresos en metálico de miembros de la oficina de Batasuna en Bruselas. A juicio del juez, ello demostraría que esa formación "no solo ejerce labores de representación de la izquierda aber-tzale, sino que, además, se implica de forma activa en el apoyo de militantes de ETA huidos en Bélgica".
En el caso de Agirre y su compañero de piso se reproduce la misma estrategia que en el caso del etarra Ignacio Lerín, que se convirtió en anfitrión de Antonio Troitiño en Londres, ya que en ambos supuestos conviven en un tercer país dos generaciones muy diferentes de la banda.
El informe sostiene que este ha sido el modus operandi de ETA con sus huidos a partir de 2007, tras la ruptura oficial de su alto el fuego, que se rompió en la práctica con el atentado en la T4 de Barajas en diciembre de 2006. En esas fechas, ETA decidió reorganizar la estructura y los instrumentos de control del conjunto de sus militantes huidos en el extranjero, consciente de que en un hipotético nuevo escenario de negociación, sus pilares eran el "colectivo de refugiados (EIPK) y el colectivo de presos (EPPK)". La novedad respecto a la gestión de épocas anteriores es que traslada estructuras clandestinas desde el territorio francés a otros países europeos donde instala no solo algunas actividades como los taldes de reserva, sino también las del aparato político, entre ellas los refugiados.
De la documentación incautada al exdirigente etarra ya fallecido Francisco Javier López Peña, Thierry, tras su detención en 2008, se desprende que el abogado Joseba Agudo Mancisidor fue uno de los diseñadores de la nueva forma de organizar a los refugiados creando nuevas estructuras dentro de un órgano llamado Ihesko, ubicado en Iparralde, aunque con ramificaciones en los países con presencia de miembros de ETA. Agudo habría formado parte de la célula más restringida de Inesko, que se encarga de proporcionar a los refugiados "sustento político, ayuda social, jurídica, médica, psicológica y búsqueda de casas", que se sabe tenían en Bélgica, Alemania y Reino Unido. Aunque la gestión la realice Ihesko, la decisión se adopta en el seno de ZUBA, máximo órgano de decisión etarra.
Agudo fue encarcelado en octubre de 2009 y puesto en libertad en 2012 por la Audiencia Nacional que le absolvió del delito de pertenencia a ETA por el que fue juzgado. El juez Javier Gómez Bermúdez consideró probado que Agudo asesoró y asistió a refugidos vascos en Latinoamérica y África, pero afirmó que no había pruebas para demostrar que el letrado era miembro de la banda.- DNA
Contrato de fidelidad. El magistrado explica en el auto que con este "contrato" el militante de ETA se garantiza estar "en el seno y bajo el paraguas" de la organización a cambio de "mantener una actitud de militante activa, formándose, aprendiendo el idioma (del país al que sea enviado) u obteniendo recursos".
Dos procesados. En la resolución, en la que se detalla la estrategia que ETA ha venido llevando a cabo con sus 'refugiados' desde la ruptura de la tregua de 2007, Velasco procesa por un delito de pertenencia a organización y otro de falsificación de documentación oficial a Javier Agirre Ibáñez, que fue detenido el 28 de octubre de 2011 en Bruselas junto al también etarra Ventura Tomé Queiruga.
Dos procesados. Según el informe policial, ETA decidió crear un nuevo órgano denominado Ihesko, dirigido desde Iparralde y con ramificaciones en todos los países en los que viven los refugiados. que se encargaba de la "gestión integral de los refugiados en el mundo", a fin de proporcionarles "sustento político, ayuda social, jurídica, médica, psicológica, búsqueda de casas".