BILBAO - El PNV siempre ha entendido que pedir un nuevo estatus de autogobierno más allá del Estatuto de Gernika es compatible con ir trabajando sobre el marco actual, pidiendo al Gobierno español de turno que traspase a la CAV las competencias que recoge ese texto y que aún no han sido transferidas en su totalidad. Según esa lectura, no por defender el derecho a decidir o un nuevo marco habría que quedarse sentado hasta lograrlo sin exprimir mientras tanto lo que se tiene. En ese contexto, el lehendakari pidió ayer a los partidos que, en lugar de acudir a la ponencia parlamentaria de autogobierno con posturas "prefijadas" sobre el federalismo, el nuevo estatus o el derecho a decidir, analicen primero lo "básico": qué ha dado de sí el Estatuto, qué queda por transferir y qué ha hecho cada partido para completarlo.

Con sus palabras en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Iñigo Urkullu exponía un esquema de actuación que se corresponde con el calendario de trabajo de la ponencia. Los partidos han acordado analizar primero las fortalezas y debilidades del Estatuto -encauzarán hoy las listas de comparecencias de expertos- y, una vez identificadas las carencias del marco vigente, en una segunda fase, probablemente tras las elecciones municipales y forales de 2015, empezarán a dar forma al nuevo estatus propiamente dicho.

El de las competencias pendientes no sería un debate menor, ya que entre ellas se cuentan materias de alto voltaje político, como la de prisiones, o también la Seguridad Social. Sin embargo, las declaraciones políticas se han centrado en las últimas semanas en el derecho a decidir o el federalismo, sin entrar tanto en un debate competencial que podría incluso cargar el peso sobre PSE y PP porque, cuando sus partidos se han situado al frente del Gobierno español, han retenido esas competencias en lugar de transferirlas. El PNV puede abordar ese debate desde una posición de fuerza, ya que ha sido una de sus reivindicaciones históricas y ya logró amarrar un amplio paquete de transferencias con el Gobierno de Zapatero. Además, tras las últimas apelaciones de Madrid a la ley, ha recordado que el artículo 2 de la Constitución también reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades del Estado, un principio que habría quedado en el alambre con el copago o la reforma educativa de Wert.

Fuentes de Lehendakaritza explican a este periódico que, con independencia del resultado de la ponencia, desearían que PP y PSE "se sumaran a la defensa de los traspasos competenciales". "No han hecho nada en treinta años para que se cumpla el Estatuto al 100%", lamentan. El Gobierno Vasco también ha tenido ocasión de trasladar esas peticiones al Ejecutivo de Rajoy, aunque es consciente de que "en Madrid solo se habla de transferencias cuando necesitan los votos del PNV, y ahora no se da el caso con la mayoría absoluta del PP". Sin embargo, a Lakua le gustaría poder trabajar conjuntamente con los partidos para empujar a favor de esos traspasos. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barreda, enfriaba la semana pasada ese debate al asegurar que las competencias pendientes carecen de relevancia. Urkullu no ocultó ayer su perplejidad. "¿Son cuestiones menores hablar del régimen de la Seguridad Social, de centros penitenciarios, de aeropuertos o de puertos?", se preguntó.

El lehendakari quiere empezar por "cuestiones básicas", por analizar ese incumplimiento, antes de "ponerse al final del camino" o "entrar a modo de disquisición en el derecho a decidir". Sus declaraciones llegan después de las palabras de Barreda, y después de que el PSE asegurara que el derecho a decidir es la capacidad de gestionar sobre las competencias transferidas, aunque abrió la puerta a ampliar esas facultades por la vía legal. También pidió a Urkullu su propuesta de estatus. El Gobierno insistió en que debe ser el Parlamento el que alumbre una propuesta para que los partidos la sientan como propia y no como una iniciativa de parte, algo que ya imputaron a Ibarretxe porque la propuesta partió de él, aunque lograra después el aval del Parlamento.

El Gobierno Vasco quiere emprender el recorrido inverso -que pacte primero el Parlamento, y que intervenga Urkullu al final si recibe un mandato expreso del Parlamento-. Si presentara ahora una propuesta, se expondría a que la oposición solo buscara tumbarla para desgastarlo o, incluso, a que los constitucionalistas trataran de situar el foco en una pugna entre EH Bildu y PNV por el derecho a decidir para pescar el voto descontento. El incumplimiento del Estatuto quedarían en un segundo plano. Con el debate sobre las transferencias, la pelota pasa al tejado de PSE y PP, aunque los socialistas también han apoyado al PNV a la hora de criticar las vulneraciones competenciales de Rajoy. El PP de la CAV podría estar en un brete mayor, ya que se ha presentado como el garante del Estatuto pese a los incumplimientos.

otegi El parlamentario de EH Bildu Hasier Arraiz adelantó ayer que pedirá que Instituciones Penitenciarias acometa ya los trámites necesarios para que Arnaldo Otegi pueda comparecer en la ponencia. Si no fuera posible, propondrá que una delegación de la Cámara vaya a recoger sus aportaciones a la cárcel de Logroño. Si el proceso se dilatara, pediría correr su lista de comparecencias y dar paso de momento a la cabeza visible de la ANC, Carme Forcadell. También ha pedido que hablen Ibarretxe, Daniel Turp -de la Asamblea Nacional de Quebec-, Ian Hudghton -presidente del Scotish National Party-, Ainhoa Larrañaga y Koldo Saratxaga.