Bilbao - Los partidos de la CAV han afilado sus críticas para lanzarse reproches en las últimas jornadas, unos rifirrafes que algunos creen de guante blanco y propios del clima preelectoral de los comicios europeos. PSE y PP han acusado al Gobierno Vasco de inacción, Lakua se ha revuelto recordando la deuda pública multiplicada durante el mandato de Patxi López, y la izquierda abertzale ha depositado en el PNV la responsabilidad de que Madrid dé pasos en la política penitenciaria. Probablemente porque tienen firmado un pacto global, el foco mediático se ha posado sobre los encontronazos entre socialistas y jeltzales en materia económica y de pacificación. En el terreno de la paz, si el PSE ya había acusado meses atrás a Lakua de ser complaciente con la izquierda abertzale, los últimos movimientos en la Secretaría de Paz de Jonan Fernández, con el cese del asesor Txema Urkijo, han servido para que eleve el tono e interprete que el PNV se está alejando de los consensos con el PSE y el PP para acercarse a EH Bildu, y que está rompiendo la trayectoria de reconocimiento a las víctimas. No obstante, el PNV ha arrancado la legislatura impulsando propuestas que contaban con un recorrido consensuado en anteriores legislaturas, y el propio PSE, en las últimas jornadas, ha desplegado argumentos muy similares a los jeltzales en debates sensibles.

En concreto, después de que los populares reactivaran su propuesta de reforma electoral para propiciar que los exiliados por la amenaza de ETA votaran en Euskadi, José Antonio Pastor vio dificultades técnicas y, exactamente igual que el PNV, lanzó como contraoferta facilitar el regreso de esas personas a la CAV. Y, cuando el Gobierno español se reafirmó en retirar las ayudas a varias víctimas de los GAL por imputarles lazos con ETA u organizaciones ilegalizadas, Idoia Mendia tachó de "electoralista" su actitud, y puso el acento en que algunos de los afectados están "totalmente alejados de la violencia" y que, en cualquier caso, en la mayoría de los supuestos son los familiares los que van a pagar los platos rotos. Esas coincidencias chocan con las acusaciones socialistas, que colocan al PNV prácticamente en sus antípodas en materia de paz y arrojado en los brazos de la izquierda abertzale.

El Gobierno Vasco, que tampoco da por bueno que se margine a EH Bildu, apuesta por forjar consensos entre las cuatro familias de la CAV, y quiere mantener una vía de contacto con el presidente español, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, no solo por los consensos, sino porque el Gobierno español tiene la llave de la política penitenciaria. El PSOE no se ha cerrado al diálogo -Rubalcaba se reunió en febrero con el lehendakari y Andoni Ortuzar en presencia de Patxi López-, y ha coincidido en pedir públicamente a Rajoy una política inteligente sobre paz. Aunque habrá que esperar hasta después de las elecciones europeas del 25 de mayo para comprobar si hay margen para hablar, al menos en lo que concierne al socialismo vasco puede encontrarse todo un historial de iniciativas pactadas en el pasado por PNV y PSE, por más partidos o incluso heredadas del mandato de Patxi López, y que se han mantenido con Urkullu, lejos de dinamitarlas o de preferir un consenso a dos con la izquierda abertzale. El ejemplo más claro es la Ponencia de Paz, activada en la legislatura socialista por PNV, PSE, PP, los expulsados de Aralar y Ezker Anitza. Jeltzales y socialistas retomaron los contactos para volver a activarla esta legislatura y, aunque el PNV ha tenido la oportunidad de seguir adelante solo con EH Bildu tras el descuelgue del PSE, ha decidido dejar la ponencia en impasse.

PNV y PSE también han recuperado la propuesta del Instituto de la Memoria, que agrupará las políticas públicas sobre las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura, el terrorismo, y los contraterrorismos ilícitos. Pactado en el mandato del PSE entre los jeltzales, el socialismo, Ezker Anitza y los parlamentarios expulsados de Aralar, quedó en el limbo tras el adelanto electoral de López, pero PNV y PSE no tardaron en retomar los contactos esta legislatura para evitar que cayera en el olvido. La ponencia parlamentaria que pondrá en pie el instituto contará con la participación de todos los partidos, aunque PP y UPyD no lo ven con buenos ojos porque "mezcla" a todas las víctimas.

También el reconocimiento de otras víctimas, las de abusos policiales, se apoya en consensos del pasado. El Gobierno de Ibarretxe ya intentó reconocerlas, pero se topó con PP y PSE. A pesar de ello, durante el mandato de López, fue el propio socialismo el que abordó el debate para terminar reconociendo a los damnificados de motivación política de 1960 a 1978, también a los miembros de ETA fusilados Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegi. El PSE previó activar otro decreto a partir de 1978, lo que necesariamente abriría la puerta a reconocer torturas, tarea en la que trabaja el Gobierno de Urkullu.

verificadores En base a ese consenso, el PNV amplió el catálogo de víctimas que ofrecerían su testimonio en las aulas, incluyendo las de abusos policiales hasta 1978. Lakua ha mantenido el programa del PSE y lo ha ampliado, aunque la paternidad tampoco fuera de López, ya que fue con Ibarretxe cuando las víctimas comenzaron a narrar su historia en las aulas, si bien de forma no presencial. Aunque no todo son coincidencias, el PSE ha criticado, más que el fondo, el lenguaje "equidistante" del PNV. También en el fondo, comparte su defensa de la profesionalidad de los verificadores del desarme, pero no las formas del lehendakari al viajar a Madrid para apoyarlos en su citación judicial. Si no participa en la Ponencia de Paz, no es por descontento con el PNV, sino por no sentarse con EH Bildu hasta que asuma el suelo ético.

Ponencia de Paz. En el mandato de López, la activaron PNV, PSE, los expulsados de Aralar y Ezker Anitza. Urkullu la ha heredado, tras haberla reactivado PNV, PSE y EH Bildu. El socialismo se ha descolgado y el PNV, en lugar de seguir solo con Bildu, la ha dejado en impasse.

Instituto de la Memoria. La iniciativa se pactó durante el mandato de López y la han recuperado PNV y PSE esta legislatura. Reconocerá también a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Víctimas de abusos policiales. Ibarretxe intentó reconocerlas pero se topó con PSE y PP. Después fue el propio López quien reconoció a los damnificados de motivación política de 1960 a 1978, incluyendo a los miembros de ETA fusilados Txiki y Otaegi. Anunció un segundo decreto a partir de 1978, lo que abría la puerta a renonocer torturas.

Testimonios en las aulas. Ibarretxe llevó la voz de las víctimas de forma virtual a las aulas, López lo hizo de forma presencial, y Urkullu lo mantiene, aunque añadiendo las de abusos policiales.

Voto de los 'exiliados' por ETA. PNV y PSE ven dificultades en la propuesta del PP y proponen facilitar el regreso de los exiliados.

Ayudas a víctimas de los GAL. PNV y PSE critican algunas denegaciones de Madrid.