BILBAO. Calparsoro incoó diligencias de investigación sobre la expedición del DNI vasco por parte de Udalbiltza, una vez que Urquijo le remitió un escrito en el que afirmaba que este documento "no es ajustado a derecho", y le instaba a evitar su distribución y a adoptar "medidas para depurar las responsabilidades administrativas y penales" que pudieran derivarse de "este nuevo episodio de desafío independentista".
Con anterioridad, el delegado del Gobierno había emplazado a la alcaldesa de Usurbil y presidenta de esta Asociación de Municipios y Electos vascos, Mertxe Aizpurua, al "cese inmediato" de la campaña que había emprendido.
En una entrevista concedida a Europa Press, Calparsoro ha considerado que Udalbiltza --organización refundada por la izquierda abertzale el 2 de marzo de 2013-- "no está autorizada para emitir documentos de identidad", y ha encargado a la Ertzaintza un informe para determinar si la actuación de esta Asamblea puede ser constitutiva de delito.
No será hasta después de que reciba la documentación de la Policía autónoma vasca cuando el Fiscal Superior decida si archiva la denuncia de Carlos Urquijo o si emprende alguna actuación contra Udalbiltza. "Hay que hacer una valoración previa", ha asegurado.
Tras precisar que "hay normas para todos, y unos las cumplen por convicción y otros por obligación", ha aseverado que todo el mundo "está sujeto a la legalidad, pese a que guste más o menos". No obstante, cree que la vía penal es "el último recurso" porque "no se puede penalizar todo", aunque ha precisado que las leyes hay que cumplirlas.
Precisamente, esta misma semana Udalbiltza ha dado a conocer que un total de 69 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra se han sumado a la moción que ha impulsado en la que se comprometen a promover "una dinámica popular" para expresar que son "ciudadanos vascos que desean decirlo en alto" y que esto se formalice a través de un "documento oficial".
