SE acaba de publicar La secesión de España (Tecnos, 2014), una colección de ensayos de varios autores que abordan aspectos relativos a las posibilidades de materialización y posibles consecuencias de un eventual proceso secesionista. El libro me ha parecido, en general, interesante y ha salido publicado en un momento muy oportuno. Los autores son contrarios a la secesión, y ofrecen argumentos variados al respecto. Pero aunque partidarios de la unidad de España (o con España, para quien así lo prefiera), no descartan que tal cuestión sea tratada legalmente y se contemple la posibilidad de llegar a celebrar un referéndum que, eventualmente, conduzca a la independencia de Euskadi o, si es el caso, de cualquier otra minoría nacional incluida hoy en el Estado español. De hecho, declaran querer aportar elementos para un debate en relación con esa cuestión y -claro está-, en principio, nadie alimentaría un debate en relación con una posibilidad que se negase de plano a priori.

El doctor Ruiz Soroa -que es quien aborda el asunto de la posible secesión de Euskadi de forma directa- afirma, por ejemplo, que "?la democracia no sólo exige que existan cauces de tratamiento de las demandas sociales sino también que esos cauces estén al alcance de las minorías que sustentan esas demandas. De lo contrario, las demandas de tipo nacionalista nunca podrían ser atendidas". También señala que "la secesión [?] es una demanda ciudadana que ha de poder ser atendida y respondida razonablemente por cualquier sistema democrático", y toma como referencia el precedente canadiense -en relación con la posible secesión del Québec- y el Dictamen del Tribunal Supremo del Canadá de 1999.

Contrastan esos planteamientos con la postura de los dos partidos mayoritarios españoles en relación con la demanda catalana tan de actualidad estos días. Conviene aclarar que Ruiz Soroa no expone lo que se podría considerar una vía "fácil" hacia la secesión, pero su propuesta tiene la virtud de situar el problema en coordenadas debatibles desde una perspectiva democrática. Y su texto contiene, además, una advertencia perspicaz: "El mantenimiento de la secesión como una cuestión tabú que no sería siquiera abordable en democracia constituye en sí mismo una anomalía democrática injustificable".

Resulta en ese sentido sorprendente la actitud de los partidos mayoritarios españoles porque si hiciesen suyo un planteamiento como el expuesto en los párrafos precedentes, ello obligaría a los demandantes de la secesión a un ejercicio de claridad. Aunque lo desconozco, quizás se ha llegado en Cataluña a una situación en que el resultado de un eventual referéndum sea suficientemente claro a favor de la separación. Pero en Vasconia las cosas no están tan claras, ni mucho menos; no lo estarían en la misma Comunidad Autónoma Vasca, y estarían definitivamente oscuras si el ámbito territorial abarcase también a la Comunidad Foral. Y ante un resultado tan incierto, apostar el futuro del autogobierno vasco a la carta del referéndum de secesión sería una jugada de alto riesgo.

Sin embargo, si de lo que se trata es de apostar por avanzar en el autogobierno, la opción más viable y de resultados menos inciertos quizás sea la de acordar un mecanismo que proteja la capacidad de las instituciones vascas para desarrollar políticas públicas integrales frente a la práctica uniformizadora, mediante normativa considerada básica, de los poderes centrales del Estado. Esa solución sería, además, más respetuosa con la pluralidad de sentimientos de pertenencia que conviven en la sociedad vasca. Pero en cualquier caso, ese posible acuerdo no debiera ser obstáculo para exigir a las instituciones españolas que se regule la posibilidad de la secesión, por razones puramente democráticas, por supuesto.