Atutxa, Knörr y Bilbao exigirán reparación ante Estrasburgo

"Tenemos razones innegables de que la verdad al final nos será reconocida y será reconocido también el que no hemos incurrido en hecho delictivo alguno", explicó ayer Juan María Atutxa durante una comparecencia de prensa que tuvo lugar en la sede del Parlamento Europeo y en la que estuvo acompañado por Gorka Knörr -Kontxi Bilbao, la tercera afectada, no pudo acudir- y la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao. Desde que la Fiscalía General del Estado interpusiera la querella por desobediencia, al no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna en 2003, han transcurrido casi once años pero ayer dejaron claro que ninguno de los tres están dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante lo que consideran un atropello a sus derechos y a la dignidad de la Cámara vasca. "No se trata ni de Juan Mari, ni de Kontxi, ni de Gorka. La institución se merece un respeto", advirtió Knörr. "Se han vulnerado derechos y se ha atentado contra una institución que representa a más de dos millones de personas en el País Vasco. Era un torpedo lanzado contra una institución querida y respetada", añadió Atutxa recordando que la defensa de la dignidad y las competencias del Parlamento Vasco se merecen el mismo respeto que el Congreso de los Diputados o el Senado.

Constitucional Tras ser absueltos en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia el País vasco, el Tribunal Supremo les condenó -a año y medio de inhabilitación y 18.000 euros de multa a Atutxa y a doce meses y 12.000 euros a Knörr y Bilbao- en un proceso que siguen calificando de "arbitrario" e "incongruente" porque no solo no revisó las sentencias anteriores sino que, advirtieron, les juzgaron por "otras cosas y en base a puras suposiciones". Por su parte, el Constitucional rechazó en diciembre pasado el recurso de amparo presentado, tras cinco años de espera, sin estudiar de nuevo las pruebas ni escucharles, cerrando la vía jurisdiccional en el Estado español, en lo que dicen es una "clara violación" de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Nos consta que el anterior Tribunal Constitucional dispuso de un texto que nos concedía el amparo solicitado. El ponente era el magistrado Pérez Tremps y conocíamos la existencia de la ponencia escrita con certeza. Pero el tiempo transcurrido dilatando intencionadamente el proceso ha hecho que cambiaran las mayorías en el Tribunal Constitucional y que tuviera suficiente mayoría el no. Recientemente se nos ha comunicado el dictamen de la no concesión del amparo. Por eso consideramos plenamente justificado el presentar el recurso y lo vamos a hacer", explicó Atutxa sobre la única instancia a la que pueden acudir para pedir la anhelada reparación pública que limpie sus nombres.

"Esperamos una solución positiva frente a un Estado español que acumula un récord histórico de advertencias a nivel europeo por violación sistemática de directivas europeas y también de los derechos humanos", indicó Knörr.

En opinión de ambos, el caso Atutxa es una muestra clara de la politización que vive la justicia española y el ejemplo más claro es que se abrió el juicio oral con la única acusación del sindicato Manos Limpias, una vez que la fiscalía había retirado su acusación, contraviniendo la doctrina Botín del propio Tribunal Supremo. "Es un caso de libro de cómo se puede utilizar la justicia con fines políticos, cosa que a los que vivimos en el Estado español no nos sorprende porque es el pan nuestro de cada día. Es una expresión de la utilización escandalosa y vergonzosa de la justicia.", lamentó Knörr.

Ambos exparlamentarios denunciaron muy especialmente el papel jugado por dos personas en todo este proceso: Manuel Marchena y Enrique López. El primero era portavoz del Consejo General del Poder Judicial cuando lo presidía Francisco José Hernando, magistrado que firmó los autos contra el Parlamento Vasco, y acabó como ponente del Constitucional que rechazó el amparo mientras que el segundo fue el ponente del tribunal que los condenó. "El Constitucional ha esperado a tener una mayoría suficiente para no concedernos el amparo, y dos personas clave en todo el proceso son juez y parte en este caso", denunciaron. Pese al varapalo de diciembre pasado, tanto Atutxa como Knörr se mostraron ayer esperanzados con esta nueva etapa y aprovecharon ayer el altavoz que ofrece el Parlamento Europeo para denunciar su caso ante los eurodiputados. Contaron para ello con el apoyo de la eurodiputada vasca del PNV, Izaskun Bilbao, que no solo compartió mesa de presentación sino que aprovechó su minuto de intervención durante la sesión plenaria para denunciar lo que considera "una injusticia" y el desamparo más absoluto. "Tanto la actuación del Tribunal Supremo como la del Constitucional constituyen una persecución política y no una actuación jurídica. Una decisión injusta contra una institución y unas personas inocentes. Considero que es uno de los más graves atentados contra el Estado de Derecho y los principios básicos de la democracia como es la separación de poderes en el Estado español desde el final de la dictadura de Franco", alertó durante una rueda de prensa en la que también mostró su apoyo el eurodiputado de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia. Bilbao explicó a sus colegas de hemiciclo que Atutxa, ex consejero de Interior del Gobierno vasco además de expresidente de la Cámara parlamentaria, fue durante años objetivo de ETA a pesar de lo cual recibió innumerables acusaciones de estar en connivencia con la banda terrorista. "La justicia no se puede basar ni en la mentira ni en la arbitrariedad. Estrasburgo recordará otra vez a algunos tribunales españoles que este comportamiento ni es legal ni es democrático", concluyó.