vitoria. La cerrada defensa de la inocencia de la infanta Cristina que realizó el presidente del Gobierno español durante una entrevista en televisión el lunes ha hecho saltar las alarmas sobre la imparcialidad de la fiscalía y de la Abogacía del Estado en el caso Nóos, así como acrecentar las sospechas de que desde instancias del Estado se está presionando al juez Castro para que tome una decisión favorable a los intereses de la hija del rey Juan Carlos.
Formaciones políticas como el PNV, Izquierda Unida y UPyD, y el sindicato Manos Limpias criticaron la "injerencia" de Mariano Rajoy, quien durante sus palabras en Antena 3 manifestó su convencimiento de que la infanta es "inocente" de su imputación por delito fiscal y blanqueo de capitales de los negocios de su esposo, y se aventuró a pronosticar que "le irá bien" en el proceso judicial. Por su lado, el PP cerró filas con Rajoy y tanto los populares como el PSOE dijeron no ver injerencia en las palabras del presidente del Ejecutivo español.
Ejemplo de esta preocupación fue la reacción del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien puso en duda la independencia de la fiscalía, un organismo que tiene como jefe jerárquico al Fiscal General del Estado, nombrado directamente por el ministro de Justicia. "Lo que sí parece claro", apuntó Esteban, es que "la Fiscalía no es tan independiente como parece".
Otros como IU y UPyD reprocharon a Rajoy que de antemano "adelante" el final del proceso judicial al que se enfrenta la infanta Cristina. Así, el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, se mostró convencido también que, como dijo Rajoy, a la infanta le "irá bien", "viniendo de la cuna que viene", pero cree que el presidente del Gobierno está haciendo un "flaco favor" a la justicia y perjudica a la monarquía. Centella cuestionó también el papel de la fiscalía que, a su juicio, ha actuado de "tapavergüenzas" de la Corona. "Ahora aparece ya quien da las órdenes al fiscal. Rajoy debería decir que respetará la justicia y no que le va a ir bien. ¿Cómo no le va a ir bien con los defensores que tiene?", se preguntó.
Por el contrario, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, defendió las palabras del presidente, por mostrar "confianza" tanto en la acción de la justicia como en la propia infanta, y señaló que sus afirmaciones fueron propias de un jefe de Gobierno. Abundó en el mismo sentido la presidenta del PP de la CAV, Arantza Quiroga, quien calificó de "valiente" las palabras de Rajoy y consideró que "es de agradecer que las personas digan lo que piensan y muy especialmente en el (caso) del presidente". Tampoco el PSOE ve injerencia por parte del presidente en este asunto, como apuntó el secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, quien no obstante señaló que él no tiene la "información que parece que el señor Rajoy tiene".
el caso será "sobreseído" Por su lado, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, sostuvo que "la contundencia" del fiscal del caso Nóos hace que sea "previsible" que las actuaciones contra la infanta Cristina acaben siendo sobreseídas, aunque no parece que vaya a ser así respecto a su esposo, Iñaki Urdangarin.
El juez decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ya ha mantenido un primer contacto telefónico con la Policía Nacional de cara a articular la forma en que la infanta Cristina deberá bajar la cuesta de aproximadamente 40 metros cuadrados que separa la calle de la entrada trasera a los Juzgados de Vía Alemania. No obstante, aún no se ha decidido nada al respecto, a la espera de que durante esta misma semana tanto el decano como el comisario jefe de la brigada de la Policía Judicial se reúnan para concretar si la hija del rey debe acceder a los Juzgados en coche o a pie. De cara a la cita judicial, el decano, quien ayer se incorporó tras unos días de vacaciones, tendrá la última palabra respecto a si la encausada debe descender en coche o andando, tal y como hizo su marido, Iñaki Urdangarin, en las dos ocasiones en que fue citado a declarar por el juez José Castro. Para adoptar una decisión definitiva tendrá que contar con los requerimientos de seguridad que plantee la Policía, que estudiará los puntos de riesgo existentes en las inmediaciones de los Juzgados para impedir posibles agresiones debido al lanzamiento de objetos.
