madrid. El Gobierno español está estudiando cómo prohibir que los miembros de ETA excarcelados puedan ser candidatos en las próximas elecciones, por entender que en este momento los ciudadanos reclaman "un principio claro de regeneración democrática" y de "ejemplaridad" en el ejercicio de la función pública, según confirmó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Por el momento, el Ejecutivo de Rajoy ha puesto este asunto en manos de juristas y la Abogacía del Estado con el fin de analizar qué posibilidades legales hay para impedir a través de una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) qué presos de ETA excarcelados tras la anulación de la doctrina Parot puedan ser alcaldes.

Este asunto ya salió a relucir el pasado miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional del PP a instancias de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que dijo que no se podía volver a consentir una reunión de "asesinos" como la celebrada el pasado sábado en Durango, y añadió que si no se podía haber impedido ese acto con las leyes vigentes, habría que "cambiar las leyes" para que no volviera a suceder. Fuentes del PP explicaron que Rajoy respondió entonces a Aguirre que a él tampoco le gustó ese acto d pero que peor que esa foto sería ver que esos expresos de ETA se presentan como alcaldes. Para evitar esa posibilidad, señaló que tenían que estudiar qué posibilidades legales hay para impedirlo.

Sáenz de Santamaría subrayó que la ciudadanía reclama "un principio claro de regeneración democrática", de forma que el acceso a determinadas funciones de carácter público "se haga en determinadas condiciones y por personas que puedan estar en ese ámbito de ejemplaridad". "Y es que entendemos que en un momento como el presente, el ejercicio de funciones públicas políticas y altos cargos exigen unos niveles de ejemplaridad que deben traducirse en una regulación legal", zanjó.

dimisión en interior La vicepresidenta dio por cerrada la polémica por la comunicación de la operación contra los miembros del EPPK antes de que esta se produjera por parte del departamento de Comunicación del Ministerio del Interior. Insistió en que fue un "fallo humano" y reconoció el "gesto" de la dimisión de la persona responsable, Alberto Gimeno, que fue aceptada por el ministro Jorge Fernández Díaz. "Hubiéramos deseado que no se hubiera producido pero estas cosas ocurren", agregó. La número dos del Gobierno español también rechazó cualquier comparación con el caso Faisán al recordar que la propia fiscalía ya ha archivado las diligencias previas abiertas para esclarecer los hechos al dar por bueno que la única explicación fue el citado error.