Palma de Mallorca. Consciente de la trascedencia de su auto y sabiendo que no cuenta con el apoyo del Ministerio Público, juez José Castro expresó ayer su confianza en que la Audiencia de Palma rechace los recursos anunciados contra la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos. "Uno lo hace para que se valide, pero luego si se valida o no, no lo sé", comentó ayer el magistrado, que ya imputó a la hija del rey pero que vio cómo la Audiencia de Palma anulaba en mayo del año pasado su decisión.

Después de citar como imputada a la duquesa de Palma por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, Castro atendió brevemente a los numerosos medios de comunicación que le esperaban por la mañana a las puertas del juzgado, aunque eludido analizar las consecuencias que se puedan derivar de su auto.

"No lo sé", manifestó el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, que al ser preguntado por la presentación de recursos contra la imputación declaró: "No estoy en la intención de ellos", en alusión a las partes personadas en la causa.

Con respecto a la reacción de la Casa Real al auto en el que llama a declarar a Cristina de Borbón como imputada el próximo 8 de marzo, Castro se limitó a manifestar "respeto también". El instructor del caso Nóos considera que "es muy pronto todavía" para que las partes planteen recursos a su decisión, sin querer valorar las "manifestaciones" de la representación procesal de la infanta en el sentido de que impugnarán la decisión del juez.

Cinco días para el recurso En el auto emitido el martes, Castro dio un plazo de tres días para la presentación de recursos de reforma que resolvería él mismo y de cinco días para los recursos de apelación ante la sala segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

El juez considera que hay indicios claros de que la hija menor del Rey pudo haber cometido delitos fiscales a través de la empresa Aizoon, que compartía al 50 % con su marido, Iñaki Urdangarin, una sociedad presuntamente creada para canalizar fondos obtenidos fraudulentamente a través del Instituto Nóos.

Además, entiende que la investigación ha aportado suficientes datos para que sea pertinente preguntar a la infanta por los gastos personales que realizó con fondos de Aizoon, que podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.

Por su parte, Miquel Roca, abogada de la infanta, señaló que lo que ella quiere es que "se haga justicia" y reiteró que está preparando el recurso contra el auto de imputación. Fue él quien comunicó el martes a la infanta el contenido del auto en el que se le citaba a declarar como imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales y afirmó que "es posible" que se reúna con ella en los próximos días.

Lo que se ventila Preguntado acerca de cómo se encuentra la hija del rey tras conocer la decisión del juez comentó que "intuyo que muy contenta no estará", pero esquivó las preguntas sobre si la infanta quiere acudir a declarar, con el argumento de que eso "no es lo que se ventila ahora", sino la discrepancia entre el juez y la defensa sobre la condición de imputada de la hija del rey. "Esto no es un partido de fútbol, es una cosa seria en la que están en juego derechos, intereses y valoraciones".

Con respecto a si la duquesa de Palma puede beneficiarse de un trato de favor, Roca cree que esa cuestión "sólo la Justicia la puede resolver", al tiempo que ha pedido no "simplificar" el debate dado que en un Estado de Derecho la justicia se conforma "en un proceso dialéctico en que unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Y vamos a ser coherentes con lo que nos ha tocado defender", agregó el reputado abogado, que comparte con el penalista Jesús Silva, de su mismo despacho, la defensa de la infanta Cristina en ese caso.

"Uno lo hace para que se valide, pero luego si se valida o no, no lo sé"

José castro

Juez instructor

"No estará (la infanta) muy contenta, pero lo que ella quiere es que se haga justicia"

Miquel Roca

Abogado defensor

José Castro, el juez instructor del 'caso Nóos', ayer en Palma. Foto: efe

Las claves

l Urdangarin defiende a su mujer. El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, defiende que su mujer, la Infanta Cristina, no cometió delito fiscal alguno al frente de la sociedad Aizoon, de la que ambos son copropietarios al 50%, y alega a su vez que las cantidades que utilizó su esposa de la Visa de esta mercantil, cuyos ingresos en su mayoría procedían de las arcas públicas y de asesorías presuntamente irregulares, "han sido absolutamente ridículas".

l Plazos de la causa. Las partes personadas en el caso Nóos disponen de plazo hasta las 15.00 horas del próximo miércoles, día 15, para recurrir la imputación de la Infanta directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares, o hasta la misma hora del lunes 13 para impugnarla mediante un recurso de reforma ante el propio Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

l El futuro de la corona. Varios presidentes autonómicos del PP rechazaron ayer que se abra en este momento un debate sobre la sucesión del rey y pidieron no utilizar la situación procesal de la infanta para plantear de forma "oportunista" el debate sucesorio en la monarquía.

l Dos abogados para la infanta. El reputado abogado Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, que comparte con el penalista Jesús Silva, de su mismo despacho, la defensa de la infanta Cristina.

l Explicaciones a Montoro. Izquierda Plural quiere que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dé explicaciones en el Congreso sobre el papel que la Agencia Tributaria ha jugado en el caso Nóos, una vez que la actuación del fisco ha sido cuestionada por el juez Castro en el auto en el que imputa a la infanta.

La cifra

120.000

l Delito. En el escrito que el abogado de Urdangarin presentó en diciembre ante el juez instructor del caso Nóos para oponerse a la imputación de su mujer, que finalmente el magistrado acordó este martes, alega, en base a cinco informes de la Agencia Tributaria, que no se puede atribuir a la hija del rey Juan Carlos ni a Aizoon elementos tributarios que rebasen los 120.000 euros anuales, cantidad a partir de la cual el Código Penal contempla la comisión de un delito contra Hacienda.