BILBAO. Tres de los procesados en este sumario, Karmelo Landa, Jon Gorrotxategi y Sabino del Babo, han dado hoy una rueda de prensa en la sede de Sortu en Bilbao para hacer un balance de la trayectoria que esta teniendo el juicio.

El juicio sobre la supuesta financiación de ETA a través de las "herriko tabernas" comenzó el pasado 17 de octubre en la Audiencia Nacional, once años después de que el juez Baltasar Garzón empezara a instruir el sumario y que han sentado en el banquillo a 34 personas pertenecientes a estas organizaciones.

Gorrotxategi ha asegurado que hasta el momento, "las acusaciones no han podido ser probadas" y ha criticado la actitud de "dejadez" por parte de la Fiscalía que, según el imputado, "se ha limitado a validar las actas de los seguimientos policiales y no se ha molestado en intentar aportar más pruebas".

"En lo que llevamos de juicio, no se ha hablado de financiación, ni se ha aportado ningún dato económico y únicamente los seguimientos que se han planteado es que se ha entrado en una 'herriko taberna', pero nadie ha aportado ningún dato", ha añadido.

Landa ha explicado que la vista que se reanudará mañana se prolongará hasta el próximo 19 de marzo, con 22 sesiones, las cuales se van a basar principalmente en las declaraciones de los peritos policiales.

Ha calificado el procedimiento preparado por la Fiscalía de "antijurídico" porque los peritos que van a declarar, según Landa, son policías de "persecución política" que han hecho esta labor en sumarios similares anteriormente.

Ha dicho que en un caso como es el de las "herriko tabernas" de delito por financiación de una banda terrorista no son necesarios los peritos, ya que estos "se suelen utilizar para aquellas esferas científicas que lógicamente por las limitaciones humanas, los jueces no conocen, como esferas físicas o de balística".

Además, Landa ha asegurado que los mismos policías peritos que declararán en las próximas sesiones son los que comenzaron las investigaciones.

"Tenemos constancia de que Garzón no creó este sumario, en todo caso lo redactó y firmó, pero lo creó la Policía Nacional y la Guardia Civil, éstos que ahora actuaran como peritos", ha señalado.

"No hay ningún hecho objetivo, ningún dato económico y ahora de pronto, misteriosamente, aparecen los peritos, pero no a presentar hechos, sino a presentar conclusiones que ya de hecho son condenas", ha proseguido.

Landa ha comentado que para los imputados en este proceso, este procedimiento está "totalmente invalidado si se basa exclusivamente en la actuación de estos peritos policías" sin aportar ninguna prueba objetiva.

"Nos parece que están buscando de forma clara y predeterminada una condena antijuridica y antidemocrática, y pensamos que detrás de eso hay algo mucho más grave que es poner trabas al proceso de paz, al desarrollo de la democracia y la justicia y no vamos aceptarlo", ha añadido.

En puertas del juicio, había 43 procesados, pero el fiscal finalmente sentó en el banquillo solo a 34, tras la exclusión del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, de José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia y Josu Imanol Cortázar Pipaón por haber sido juzgados o condenados en otros procedimientos por el delito de integración en ETA.

También fueron excluidos otros tres, ya que Jon Idígoras murió en 2005; Juan Antonio Urrutikoetxea "Josu Ternera" permanece huido y Jon Salaberria está preso en Francia desde mayo de 2008.

En el tercer día juicio, el pasado 21 de octubre, el Tribunal decidió retirar la imputación a Josu Iraeta y a Jose Antonio Egido porque sus delitos estarían prescritos ya que en 2002, cuando empezó la investigación, hacía más de diez años que habían dejado sus actividades en plataformas vinculadas a ETA.

Entre los 34 imputados, destacan los exdirigentes de Batasuna Joseba Permach (actual dirigente de la coalición EH-Bildu) y Rufino Etxeberria, para los que la Fiscalía pide doce años de cárcel, los mismos que pedía para Otegi.

Para otros veinte miembros de las formación ilegalizada por un delito de integración en ETA, el fiscal Vicente González Mota solicita diez años de cárcel, mientras que para el resto de imputados reclama ocho años de prisión por colaboración.

El patrimonio de las "herriko tabernas", a través de las cuales, presuntamente, se financiaba ETA mediante la subordinación de Batasuna, superaba los 12 millones de euros y tenía unos movimientos anuales estimados en unos 15 millones, según la Fiscalía.