MADRID. Según han informado fuentes jurídicas, el juez ha rechazado la querella de Unión Progreso y Democracia por los recibimientos a los miembros de ETA Javier Martínez Izaguirre, alias Javi de Usansolo; Inmaculada Pacho; Juan José Legorburu y Juan Ignacio Delgado Goñi.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor del archivo de tres de los recibimientos y solo consideró que pudo haber delito en el caso del homenaje a Martínez Izaguirre en Galdakao (Bizkaia) tras su excarcelación el pasado 26 de noviembre.

Martínez Izaguirre cumplió 21 años en prisión por el asesinato del niño de 3 años Fabio Moreno, entre otros delitos, y en su recibimiento se exhibieron carteles con los mensajes "Bienvenido Jabi. Tu lucha es nuestro ejemplo" y "Bienvenido Jabi. El pueblo está orgulloso de ti".

El acto tuvo lugar del 26 al 27 de noviembre en el Barrio de Usansolo (Galdakao), donde se encuentra el domicilio familiar de Martínez Izaguirre, frente al que a la una y media de la madrugada se concentraron varias decenas de personas.

El juez también ha archivado el recibimiento a Inmaculada Pacho, que salió de la cárcel de Murcia el 26 de noviembre, y cuyo acto de bienvenida se produjo en la tarde del 27 en Bilbao, cuando alrededor de un centenar de personas aplaudieron y vitorearon en la calle Somera y se colocaron varios carteles en las calles del Casco Viejo con las frases "Inma Pacho. 23 años después de nuevo entre nosotros. ¡Ni un minuto más! ¡Los que faltan a casa!" y "Bienvenida Inma. ¡Presos y huidos a casa!".

Lo mismo ocurre con el recibimiento el pasado 3 de diciembre en Amorebieta (Bizkaia) a Juan José Legorburu, excarcelado en Castellón el día anterior, cuando unas 25 personas le recibieron aplaudiéndole y lanzando petardos.

El homenaje a Ignacio Delgado Goñi tuvo lugar en la noche del 26 de noviembre en Legazpi (Gipuzkoa), cuando se concentraron medio centenar de personas, se lanzaron cohetes y repicaron las campanas de una iglesia.

Delgado Goñi salió ese día de la cárcel de Topas (Salamanca), donde cumplía una condena de 128 años por, entre otras cosas, el envío de un bomba en 1990 al entonces teniente coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.