Bilbao. El Gobierno español rompió ayer su silencio una semana después de que el colectivo de presos de ETA aceptara ajustarse a la legalidad y reclamar beneficios penitenciarios con peticiones individuales y escalonadas. Pero la respuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, podría ser objeto de más de una interpretación. Por un lado, aseguró que el comunicado no tiene "ningún valor" porque la responsabilidad penal es individual y un texto colectivo, por lo tanto, no tendría efecto alguno; unas declaraciones contundentes que, sin embargo, no supondrían un portazo para los reos: es cierto que el comunicado lo suscribió el colectivo, pero será más adelante, previsiblemente tras la manifestación del día 11, cuando los presos comiencen a enviar sus peticiones individuales, lo que cumpliría el requisito esgrimido por el ministro. Por ello, su respuesta pudo ser lógica e incluso provisional, a la espera de analizar esas peticiones y de determinar si cumplen la legalidad. Además, aunque matizó que el comunicado no cambiará la política penitenciaria, si los reos se ajustaran a la ley en sus peticiones, técnicamente Madrid no estaría cambiando su política si los acercara a la CAV o concediera otros beneficios. Por otro lado, sin embargo, y es ahí donde se intuye el jarro de agua fría para los reclusos, el ministro dejó caer que las propuestas trasladadas por los presos en el comunicado no serían suficientes para acceder a beneficios penitenciarios, y pidió que se desvinculen de ETA para terminar con la dispersión.

Durante la rueda de prensa de presentación del Balance de Seguridad Vial 2013 celebrada en el Ministerio del Interior, Fernández Díaz dejó claro que los presos no cumplirían con las expectativas si se limitaran a calcar el comunicado en sus solicitudes individuales. "Si ese comunicado es nada, una fotocopia de ese comunicado es más que nada", sentenció. Además, aseguró que los presos no han pedido perdón a las víctimas, no se han arrepentido, no se han desvinculado de ETA ni han manifestado su intención de colaborar con las autoridades judiciales. En el comunicado emitido el pasado 28 de diciembre, los presos sí reconocieron el "sufrimiento y el daño multilateral" causado, pero Madrid va más allá y exige mayor contundencia. Sobre todo, pide otras condiciones para que los presos sean acercados a cárceles vascas, aunque desde distintos ámbitos se haya señalado que la dispersión es una decisión política y no judicial y que, por lo tanto, existe un mayor margen de discrecionalidad. Aun así, el ministro defendió ayer con uñas y dientes la dispersión y pidió a los presos que se desvinculen de ETA o bien que sea la propia organización quien se disuelva para que puedan ser acercados a cárceles vascas. En esencia, ese requisito supone atornillarse en el Plan de Reinserción impulsado por Madrid en abril de 2012, al que no se acogió ningún preso.

El plan de Rajoy El programa exigía a los presos que se desvincularan de la organización y rechazaran la violencia a cambio de ser acercados a la CAV. Si quisieran acceder a otros beneficios en una segunda fase, deberían pedir perdón. Desde que ganara las elecciones generales de 2011, el Gobierno español ha repetido por activa y por pasiva el mismo mensaje: que la dispersión solo acabaría cuando ETA se disolviera. En su comunicado, los presos sí dieron por cerrado el capítulo de la violencia, aunque el PP podría estar buscando una referencia más taxativa. Aún está por ver el contenido de las solicitudes de los reos pero, por lo pronto, el ministro ya defendió ayer que "la política de dispersión está plenamente avalada por los órganos jurisdiccionales encargados de velar por la ejecución de las penas" y "trae causa de la pertenencia del penado a una organización terrorista". "Mientras la organización persista, como es el caso de ETA, o el preso no se desvincule de manera pública, clara y evidente, se va a seguir aplicando", zanjó.

A la espera de conocer la letra de la solicitudes, también está por ver cómo actuará el Gobierno español a la hora de conceder beneficios penitenciarios más allá del acercamiento a la CAV, y si su lectura de la ley será restrictiva o flexible. No cabe augurar demasiada generosidad, máxime mientras determinados colectivos de víctimas y sindicatos policiales siguen cargando contra Rajoy por acatar la sentencia europea contra la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, que ha conducido a la excarcelación de más de cincuenta presos de ETA. Tras recibir una carta de la asociación Dignidad y Justicia, la defensora del pueblo en el Estado, Soledad Becerril, investigará el modo en que los jueces españoles están aplicando esa sentencia, según informó ayer El Mundo. Cualquier movimiento del PP será vigilado por sus sectores más inmovilistas aunque se ciña estrictamente a la legalidad, como ya sucediera con la excarcelación de Iosu Uribetxebarria, gravemente enfermo.

Tras recibir aceradas críticas, Madrid terminó congelando hasta la vía Nanclares, la concesión de permisos a presos claramente desvinculados de la organización -de hecho, han sido expulsados- y que apuestan por reparar a las víctimas. Mientras el juez de Vigilancia Penitenciaria y la Fiscalía se han opuesto a conceder varios permisos a esos presos discrepantes con la organización, ha tenido que ser la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien enmendara a ambos y otorgara esos beneficios. Aunque pueda interpretarse como un correctivo a Madrid, el Gobierno español se ahorra así figurar como el responsable de las excarcelaciones y traslada todo el peso a los jueces, aliviando así la presión de los sectores más inflexibles del PP. En ese sentido, los jueces podrían volver a enmendarle la plana ahora, si las solicitudes de los presos de ajustaran a la legalidad y procediera conceder beneficios.

sin cambios Fernández Díaz insistió ayer en que el comunicado no tiene "ningún valor" y en que, por ello, no va a cambiar "nada" su política contra ETA en general, ni la política penitenciaria en particular. Además, recordó que "el único comunicado que le interesa al Gobierno y para el que está trabajando es el de la disolución incondicional" de la organización.