Madrid. El análisis realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la documentación incautada en el domicilio central de las sociedades de la trama Gürtel, en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, que fue entregada ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, acredita entre otros extremos la financiación por parte de las sociedades vinculadas a Francisco Correa de actos electorales del Partido Popular entre 2002 y 2004.
Según las conclusiones de este informe, de 265 páginas, de la ingente documentación incautada en estas oficinas se deduce que la trama financió actos electorales del PP "vía facturación a una fundación vinculada orgánicamente a dicha formación con cambio de concepto y entidad". Se trata de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).
Según este informe, las facturas emitidas por la empresa Special Events, vinculada a la trama, por actos realizados para el PP de Madrid en las campañas de las elecciones autonómicas de 2003 y europeas de 2004, así como los congresos regionales de Madrid de 2002 y 2004 se transformaron en actos desarrollados para la Fundación Fundescam "mediante el cambio de concepto realmente prestado y de la entidad destinataria". Así, "Fundescam recibe fondos de empresas privadas adjudicatarias de obras o servicios públicos y parte de estos fondos se destinan a financiar actos realizados en las campañas electorales del Partido Popular", según la Policía. También acredita este escrito llegado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el reparto entre los miembros de la organización y personas vinculadas al PP de parte de los beneficios generados por la ejecución de campañas electorales.
Registro en génova Por otro lado, el juez Ruz ha pedido a la Policía que analice de forma conjunta la documentación recabada en la sede central del PP y la intervenida en la empresa Unifica, de la que es responsable el arquitecto que se encargó de las obras de reforma del edificio de la calle Génova. Ruz realizó esta petición a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en una providencia dictada ayer en el marco de la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP.
El magistrado se dirige al comisario de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) para que "de forma urgente y a la mayor brevedad" ponga a disposición de la UDEF el material informático intervenido el pasado 27 de septiembre en el registro de Unifica, empresa propiedad del arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en esta causa y que aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 888.000 euros en dinero negro. Esa documentación incautada en la empresa del arquitecto deberá ser analizada conjuntamente con la totalidad de la documentación y el material informático recabado en el registro realizado en Génova el pasado 19 de diciembre.